Ciuffardi compraba propiedades y vehículos a su nombre.
El Mercurio
SANTIAGO.- El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago condenó este jueves a cinco años de libertad vigilada a la chilena vinculada al megafraude que afectó al Instituto de Seguridad Social de Honduras y que supera los US$ 150 millones.
En un procedimiento abreviado, Natalia Ciuffardi -sujeta hasta hoy a la medida cautelar de prisión preventiva- aceptó los cargos de lavado de activos por los que acusó la fiscalía Centro Norte, optando de esta manera a una pena con beneficio.
Además, el tribunal ordenó el comiso de todos los bienes adquiridos de manera fraudulenta y cuyo monto asciende a $400 millones, los que posteriormente serán transferidos al Ministerio Público de Honduras.
De esta manera, la instancia alzó la máxima de las cautelares de la condenada y ordenó su libertad, la que será supervisada por Gendarmería de Chile.
La mujer fue pareja del principal imputado en la causa, Mario Zelaya, y en febrero pasado, la Corte Suprema concedió su extradición, luego que el Gobierno hondureño solicitara a la justicia chilena que Ciuffardi fuera juzgada en su territorio por el delito de lavado de dinero.
Ello fue aceptado por el máximo tribunal, pero se ordenó su juzgamiento en Santiago.
Antecedentes
De acuerdo a peritos hondureños que prestaron declaración en el juicio de extradición en Chile, Ciuffardi compró en Honduras tres propiedades por un monto total de US$ 392.979.
Dicho antecedente se suma a los reunidos por el fiscal sur Omar Mérida -a cargo de la primera parte de la indagatoria- que establecen la existencia de comprobantes de ingresos de dinero que acreditan que la chilena participó de la sustracción directa de dineros fingiendo ser consultora internacional.
La investigación también estableció que Ciuffardi compraba propiedades y vehículos a su nombre, llegando en un solo día a adquirir en Chile dos departamentos.
De la misma manera, habría desembolsado gran cantidad de dinero en vehículos nuevos, una casa en la playa y la propiedad en la que vive con su familia en la comuna de Puente Alto, todo avaluado en cerca de $300 millones que no fueron posibles de justificar ya que la imputada, actualmente en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, no tiene registrada iniciación de actividades.
Los intereses del Gobierno hondureño, en tanto, fueron representados por el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional, abogado Eduardo Picand.
