SANTIAGO.- A 10 años de la Reforma Procesal Penal y con 91 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones del Senado al proyecto que fortalece el Ministerio Público, cumpliendo así su tramitación en el Congreso, siendo despachado al Ejecutivo para su proceso de promulgación.
El texto legal busca elevar su nivel de persecución penal, incrementar la atención de los usuarios del sistema de justicia penal y mejorar las condiciones laborales de los funcionarios que se desempeñan en el Ministerio Público. Además aumenta en 577 los funcionarios del organismo, incluyendo fiscales, profesionales y técnicos.
Con la nueva inyección de recursos, la Fiscalía podrá realizar Unidades de Análisis Criminal, que entre otras funciones, identifica mercados delictivos en delitos contra la propiedad. Asimismo, crea la carrera de funcionarios y fiscales y mejora la atención de víctimas y testigos.
La nueva norma además faculta al Ministerio Público para que también pueda realizar sus actuaciones procesales ante los tribunales de garantía, a través de los abogados asistentes de fiscal, con excepción de la comparecencia a las audiencias de juicio oral.
Para tal efecto, será necesaria la delegación expresa y específica para la actuación de que se trate, por parte de un fiscal del Ministerio Público, a dichos profesionales. El fiscal nacional, en el ejercicio de sus atribuciones, regulará la forma en que se delegará esta facultad.
Por otra parte, la iniciativa señala que los profesionales, los técnicos, los administrativos y los auxiliares, con contrato indefinido del Ministerio Público y que no sean de exclusiva confianza, tendrán un sistema de ascenso, de carácter técnico y reglado, por el cual podrán acceder sucesivamente a grados jerárquicos inmediatamente superiores en su respectiva planta de personal.
Debate del proyecto
El fortalecimiento se transformó en uno de los elementos distintivos del período de Sabas Chahuán, desde que asumió como fiscal nacional, considerando que desde 2008 lideró diversas gestiones para sensibilizar a las autoridades y comunidad, de la necesidad de dotar de nuevos recursos a la institución, que en forma creciente fue trabajando al límite de sus capacidades.
Su propuesta fue respaldada por los estudios efectuados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Paz Ciudadana, logrando que en una primera instancia el Ejecutivo presentara un proyecto de fortalecimiento, que si bien aportaba a descomprimir en parte la crisis de dotación que enfrentaba la institución, no era suficiente para las proyecciones hechas por la Fiscalía.
Sin embargo, el actual Gobierno, presentó un nuevo proyecto de ley, sustituyendo el anterior, sustancialmente mayor, que además de incorporar dotación, permitirá la modernización del organismo, al incluir unidades con funciones que hasta ahora no era posible realizar, además de incluir la carrera funcionaria de funcionarios y fiscales.
