SANTIAGO.- Un balance "sumamente positivo" de la aplicación de la reforma procesal penal, especialmente en lo que se refiere al fortalecimiento de las garantías constitucionales que amparan a la ciudadanía frente a la acción de la justicia, hace el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, al cumplirse diez años de la vigencia de la histórica iniciativa en la Región Metropolitana.
La autoridad resaltó que ese organismo ha atendido más de 3,2 millones de casos desde la vigencia de la reforma en el país, que se aplicó escalonadamente a partir de diciembre de 2000.
"Atendemos actualmente a más de 350 mil personas al año, que representan aproximadamente 92% de las personas imputadas por ilícitos en nuestro sistema de justicia penal", señala Mahnke a Emol.
Más de 200 oficinas establecidas a lo largo del territorio nacional cubren dicha demanda, entre ellas la que corresponde a la Defensoría Mapuche en La Araucanía y otras que se inauguran en áreas relativamente aisladas, como Chaitén y Porvenir.
Mahnke refiere que entre las innovaciones desarrolladas por el organismo destaca la generación "de líneas de defensa especializadas que no apuntan a procesos específicos, sino a atender de manera diferenciada a grupos vulnerables".
Ello incluye, además del tema indígena, la protección de los derechos de los adolescentes y de los migrantes en Chile, así como los de quienes permanecen privados de libertad. "En cada uno de estos ámbitos hemos crecido mucho", asegura.
Sobre los cuestionamientos planteados por organizaciones de agricultores y afectados por la violencia en La Araucanía en torno a una presunta "permisividad" frente a casos de violencia, Mahnke asegura que de acuerdo a los índices de seguimiento de causas "no hay diferencias que muestren que los jueces de Garantía y de los Tribunales Orales de esa zona sean más permisivos, por así decirlo, que otros".
En el plano indígena, recalca, "la diversidad cultural que se está recogiendo por los Tribunales de Justicia habla de una madurez de nuestro Estado de Derecho en Chile".
Legitimidad de la justicia penal
El Defensor Nacional también salió al paso de las críticas que apuntan a un supuesto énfasis "garantista" en la actual justicia penal que terminaría por favorecer a los delincuentes.
"El que respetemos a ultranza las garantías y los derechos que la Constitución nos establece a todos los ciudadanos y a los extranjeros que pisan el territorio nacional es una línea que precisamente promueve la seguridad pública, porque establece reglas claras y permite discriminar entre personas que son habituales en la comisión de ilícitos respecto de los primerizos, por ejemplo", recalca.
"Nadie que está en el debate de fortalecer las garantías está pensando en amparar la delincuencia, Todos estamos en la misma tarea de favorecer y fortalecer la paz social", añade.
En este plano, Mahnke analiza que de los 350 mil casos anuales atendidos por el organismo, alrededor de 45 mil personas, equivalentes al 13%, "son declaradas finalmente inocentes o no responsables" de los delitos que se les imputaban.
"La Defensoría Penal Pública le da legitimidad al sistema de justicia penal: si no, estaríamos frente a un estado policial o a sistemas de justicia que amparen los linchamientos", explica.
En este plano, menciona el
proyecto "Inocentes" desarrollado por esta institución, que apunta a los cerca de 2.500 casos de personas que han sido privadas de libertad y que finalmente son declaradas no culpables.
"Ello es doblemente grave. El daño que se causa a estas personas inocentes y sus familias es inconmensurable, no solo en el presente sino en el futuro, con efectos como la imposibilidad de encontrar trabajo. Y al mismo tiempo, se genera un espacio de impunidad, porque al tiempo que estas personas son erróneamente imputadas, los verdaderos culpables siguen en libertad", precisa.
En este plano, Mahnke insistió en la falta de utilidad que mostrarían, a su juicio, iniciativas que buscan intensificar medidas como los controles de identidad, asegurar el encarcelamiento de los primerizos o la prisión de adolescentes imputados, con el fin de combatir la delincuencia.
"Un desafío del sistema es generar más unidades de análisis criminal que se hagan cargo de fenómenos como la presencia del crimen organizado", precisa.
En el caso de adolescentes y jóvenes, agrega, señala que las cifras indican que aproximadamente 9% de los ilícitos en el nivel nacional es cometido por personas de ese segmento, cifra que a través de los años se ha mantenido en ese mismo rango. "No tenemos una delincuencia juvenil, por así decirlo, que venga en escalada", recalca.
Del mismo modo, indica, que la diferenciación que hace el sistema de justicia penal respecto de los jóvenes, tal como ha demostrado la experiencia internacional, es la estrategia más productiva si se busca sacarlos de la "carrera delictual" y evitar la reincidencia.
