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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 10:43
SANTIAGO.- Diferencias ha causado entre algunos parlamentarios y colectividades la medida que deroga la actual prohibición de los partidos de dar órdenes a sus militantes que ocupen los cargos de diputado, senador y alcaldes. Iniciativa incluida en el proyecto que modificará la Ley de Partidos Políticos, firmado ayer por la Presidenta Michelle Bachelet.
Quienes son críticos de la medida apuntan a las implicancias que esto podría traer al momento de votar frente a una determinada iniciativa de ley.
El jefe de la bancada RN, Alejandro Santana, expresó a Emol que esto "atenta contra la libertad individual de los parlamentarios de reflexión, de interpretación del fin fundamental que es la legislar. Los parlamentarios representan a los partidos, pero principalmente a la ciudadanía (...) La visión particular que puedan tener sobre un proyecto de ley no puede ser mandatada desde el partido".
"Si en la Nueva Mayoría quieren resguardar que funcionen como un regimiento, donde por instrucción del capitán general todos los soldados tengan que cumplir es un problema de ellos, pero no queremos que nos traspasen esa mala práctica", sostuvo.
En la misma línea, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), dijo que "es legítimo pensar que como la aprobación del Gobierno cae durante todas las semanas, con este proyecto se busca mantener el control interno de los partidos de la Nueva Mayoría".
En tanto, el diputado Jorge Tarud (PPD) manifestó que a modo personal –aclarando que el tema no ha sido tratado aún por su partido-, “a mí me parece un error. Un presidente de partido puede ser electo con 10 mil votos, y en consecuencia, va a ser él quien le va a dar instrucciones de cómo votar a senadores y diputados que han obtenido entre 30 mil y 200 mil votos. Eso desnaturaliza la labor parlamentaria, porque éstos tienen que responder por los intereses de su región".
"Quizás lo mejor es que los partidos designen a los parlamentarios y los tengan como un regimiento para que voten de una determinada manera", enfatizó Tarud.
"No nos gusta la medida, creemos que hay que resguardar la libertad de los parlamentarios para que puedan votar en conciencia, y puedan ejercer su labor de representación. Poner el interés ciudadano y la convicción del parlamentario, por debajo el interés del partido, no es bueno para nuestra democracia y para un sistema representativo como el nuestro", declaró el diputado y secretario general de Amplitud, Pedro Browne.
Voces a favor de la medida
No obstante, hay quienes se muestran a favor de la medida, argumentando que quienes militan en las colectividades lo hacen, porque comparten las ideas de las tiendas, por lo que deben acogerse a éstas.
"Yo soy partidario de que cuando persona es militante y adhiere voluntariamente a una institución, tiene que comprometerse también con su programa, con las decisiones colectivas que se toman y honrar compromisos que tienen que ver muchas veces con la campaña", dijo a Emol el presidente del PR, Ernesto Velasco.
Para Velasco, "el único punto donde puede haber una excepción es en aquellos temas de carácter valórico, donde a una persona uno no la puede forzar a determinadas decisiones que violenten su conciencia (...) Pero en los temas programáticos, de acuerdos políticos, que tienen que ver con compromisos permanentes, tiene que haber un grado de orden y disciplina".
Más duro en su posición se mostró el diputado Marcelo Schilling (PS), quien manifestó que para tener "un país con buena política, con gobernabilidad, estabilidad, necesita tener partidos políticos fuertes que no estén a merced de los llamados díscolos, populistas o oportunistas que siempre estarán de acuerdo con cualquier cosa que se plantee, por demagógica que sea".
Según Schilling "la única manera de lograr eso es con partidos que tienen disciplina y que son capaces de dar órdenes a las personas que voluntariamente se han afiliados a ellos".
