SANTIAGO.- La ex asesora del senador Jaime Orpis (UDI), Lorena Lara, solicitó este martes al 4º Juzgado de Garantía de Santiago declarar judicialmente luego de conocer que es investigada por la Fiscalía Nacional por su presunta participación en delitos de cohecho que se persiguen en el denominado caso Corpesca.
Ello quedó agendado para el próximo 28 de julio, instancia en que la mujer -quien reside en Iquique- deberá entregar ante el juez de garantía todos los antecedentes vinculados a supuestos delitos tributarios relacionados con irregularidades en el financiamiento de campañas políticas.
El requerimiento fue solicitado por su defensa, encabezada por el abogado Sergio Salas, luego que solicitara a la Fiscalía conocer si su representada es indagada como imputada en la causa que pesa sobre el parlamentario y la ex diputada Marta Isasi.
En la instancia, además, el fiscal Pablo Norambuena le comunicó que es materia de investigación por hechos que se habrían ejecutado entre los años 2009 y 2011.
Estos, según detalló el investigador, por aparecer en la contabilidad de la pesquera -controlada por el Grupo Angelini-, específicamente por pagos realizados por la firma que pudiesen haber sido encubiertos hacia el senador Orpis.
"Se indaga porque fue asesora parlamentaria de Orpis (...) y por si los honorarios que fueron recibidos por ella corresponden a servicios efectivamente prestados", explicó Norambuena ante el tribunal.
La causa actualmente está en manos de la Fiscalía Nacional luego que fuera trasladada desde la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente tras conocerse un nuevo antecedentes que la vincula con pagos realizados por SQM, minera a la que prestó servicios con anterioridad el fiscal regional Alberto Ayala, situación que lo inhabilita para seguir conociendo el caso.
El Ministerio Público persigue actos que pudiesen ser constitutivos de delito en pagos emitidos desde la empresa Corpesca a asesores y cercanos del senador por Tarapacá y Arica y Parinacota por un monto total que bordea los $200 millones.
Estos tienen relación a delitos tributarios y cohecho que en principio investigó el fiscal José Antonio Villalobos.
De acuerdo a las primeras pesquisas, los dineros habrían sido utilizados para financiar irregularmente la campaña política del parlamentario gremialista, específicamente las deudas que éste habría adquirido durante el periodo electoral.
Éstos se realizaban a través de boletas de terceros por servicios que se indagan ya que, según la indagatoria, no se habrían realizado.
