Luis Ciuffardi Muñoz será imputado por los mismos delitos que a su hija.
LUN
SANTIAGO.- La Fiscalía Metropolitana Centro Norte formalizará cargos en contra del padre de la chilena Natalia Ciuffardi, quien fue condenada por lavado de activos por su participación en el megafraude que afectó al Instituto de Seguridad Social de Honduras y que supera los US$150 millones, pero ordenó que sea juzgada en Santiago.
Se trata de Luis Ciuffardi Muñoz, a quien el fiscal regional Andrés Montes le imputará los mismos cargos que a su hija, sentenciada a cinco años de libertad vigilada.
La audiencia para tales efectos se llevará a cabo hoy ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago.
La ex modelo fue pareja del principal imputado en la causa hondureña, Mario Zelaya, y en febrero pasado, la Corte Suprema concedió su extradición, luego que el Gobierno de ese país solicitara a la justicia chilena que Ciuffardi fuera juzgada en su territorio por el delito de lavado de dinero.
Ello fue aceptado por el máximo tribunal, pero se ordenó su juzgamiento en Santiago.
La semana pasada, en tanto, se concretó un juicio abreviado y fue condenada a una pena en libertad.
Asimismo, el tribunal ordenó el comiso de todos los bienes adquiridos de manera fraudulenta y cuyo monto asciende a $400 millones, los que posteriormente serán transferidos al Ministerio Público de Honduras.
Antecedentes
De acuerdo a peritos hondureños que prestaron declaración en el juicio de extradición en Chile, Ciuffardi compró en Honduras tres propiedades por un monto total de US$ 392.979.
Dicho antecedente se suma a los reunidos por el fiscal sur Omar Mérida -a cargo de la primera parte de la indagatoria- que establecen la existencia de comprobantes de ingresos de dinero que acreditan que la chilena participó de la sustracción directa de dineros fingiendo ser consultora internacional.
La investigación también estableció que Ciuffardi compraba propiedades y vehículos a su nombre, llegando en un solo día a adquirir en Chile dos departamentos.
De la misma manera, habría desembolsado gran cantidad de dinero en vehículos nuevos, una casa en la playa y la propiedad en la que vive con su familia en la comuna de Puente Alto, todo avaluado en cerca de $300 millones que no fueron posibles de justificar ya que la imputada, actualmente en prisión preventiva en la cárcel de San Miguel, no tiene registrada iniciación de actividades.
Los intereses del Gobierno hondureño, en tanto, fueron representados por el jefe de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional, abogado Eduardo Picand.
