SANTIAGO.- La ministra en visita extraordinaria Mireya López decidió acotar en más de 12 mil los casos que forman parte de la indagataoria por la obtención fraudulenta de prestaciones estatales, que consiste en una pensión no contributiva por gracia de la Ley de Exonerados Políticos.
Originalmente en esta causa se investigaba a 18.455 personas que en la actualidad tienen este beneficio, de las cuales actualmente solo se siguen pesquisando la situación de 6.452 y de estas quedan por revisar 800 carpetas, según informó "
El Mercurio".
En 5.850 casos la ministra decretó el sobreseimiento por dos razones: muerte del exonerado o porque no se logró determinar la existencia del delito.
Mientras que el caso de 6.153 exonerados fueron remitidos a la fiscal Ximena Chong, luego de que la magistrada se declarara incompetente porque se refieren a beneficios otorgados en una fecha posterior al inicio de la reforma procesal penal, el 16 de junio de 2005.
Declaración de políticos
A lo largo de este proceso han tenido que declarar actuales o ex parlamentarios que acreditaron la filiación política con un certificado de las personas que reciben la pensión. Así lo hizo el ex presidente del PS, Gonzalo Martner.
Hace un mes también debió prestar testimonio el senador Carlos Montes (PS). En los próximos días declarará la actual timonel del PS, senadora Isabel Allende, cuya citación está pendiente.
También prestó testimonio el integrante del Consejo de Defensa del Estado Carlos Mackenney, a quien le correspondió visar algunos de los decretos de exonerados. Esto cuando fue jefe de la División Jurídica del Ministerio del Interior durante el gobierno de Ricardo Lagos.
De las tres condenas dictadas, solo una se encuentra ejecutoriada en la Corte Suprema, en que la magistrada condenó a 61 días de remisión condicional de la pena a Haydeé del Pilar Llanos, por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
Este hecho se habría cometido el 13 de abril de 2007, y ocasionó un perjuicio fiscal hasta la fecha de 17 millones 893 mil 663 pesos. Además, fue sentenciada a las penas accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo que dure la condena, a una multa de 21 UTM; es decir, $898.170, y a las costas del juicio. La mujer había acreditado su filiación política con un supuesto certificado extendido por el diputado radical Carlos Jarpa, que también declaró en la causa.
Según la resolución, Llanos hizo creer que trabajó desde junio de 1971 en Iansa hasta el 11 de septiembre de 1973, cuando tenía 13 años.
Investigación a cargo de fiscal
La fiscal Ximena Chong está a cargo de la investigación de los casos que se produjeron con posterioridad a la implementación de la reforma procesal penal.
La ministra Mireya López se declaró incompetente, y le remitió 6.153 casos a la persecutora, los que están principalmente relacionados con el informe que realizó al Contraloría General de la República.
Chong está investigando tres delitos, principalmente fraude al fisco y estafa, además de falsificación de instrumento público por dos personas que desconocen su firma en la presentación para obtener pensión.
Los otros casos están relacionados con el informe de la Contraloría que estableció que 2.951 personas no cuentan con los requisitos que establece la ley para ser calificados como exonerados y percibir beneficios. De entre ellos, 1.187 corresponden a ex empleados de partidos políticos.
Otra de las aristas que investiga la fiscal están relacionadas con la denuncia en contra de más de cien personas que realizó el ex INP, hoy Instituto de Previsión Social. Este organismo era el encargado de revisar los antecedentes para definir el monto y tipo de beneficio a entregar (pensión de gracia o abono de lagunas previsionales).
Esta línea de investigación está relacionada con lo que se conoce como "pago por subrogación"; es decir, cuando un trabajador prestó un trabajo remunerado y no le impusieron, hay sistemas legales para solicitar que se le reconozca el tiempo trabajado del que no hay imposiciones. Para ello se debe probar el tiempo de trabajo, tras lo cual el Estado debe subrogar al empleador que dejó de existir. Para los exonerados políticos, este beneficio se hizo aplicable el 2011.
La Contraloría determinó que hay casos en los cuales se les otorgó la subrogación, pese a que se trataba de empresas disueltas en 1973.
