La defensa de Zalaquett está liderada por el abogado José Miguel Barahona.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago revocó este jueves el
arresto domiciliario nocturno que desde el pasado 22 de junio cumplía el ex alcalde de Santiago Pablo Zalaquett, y mantuvo el arraigo nacional y firma mensual como medidas cautelares durante el período de investigación en su contra.
En fallo dividido, la Cuarta Sala del tribunal de alzada acogió los argumentos de la defensa del ex jefe edilicio -encabezada por el abogado José Miguel Barahona- que expuso que la medida precautoria decretada en primera instancia por el Octavo Juzgado de Garantía, era excesiva.
Esto, por estimar que los antecedentes reunidos en esta etapa procesal no son suficientes para establecer que los hechos imputados a su cliente son constitutivos de delitos y más bien se trataría de irregularidades en la búsqueda de fondos electorales.
"La formalización y la formulación de cargos es una etapa preliminar, estamos recién partiendo y no tenemos ninguna duda que a la hora de enfrentar un juicio el señor Zalaquett va a ser absuelto", explicó el defensor tras conocer el fallo.
Asimismo, el tribunal rechazó los fundamentos del fiscal Pablo Norambuena, quien insistió que la única medida cautelar acorde a la gravedad de los delitos imputados era la detención domiciliaria parcial.
Zalaquett fue formalizado el pasado 22 de junio por su presunta participación en actuaciones que podrían configurar fraude tributario.
Ello estaría relacionado con el financiamiento ilegal de campañas políticas que persigue el equipo de fiscales que dirige Sabas Chahuán en el marco del denominado caso Penta-SQM.
Específicamente se le imputa su vinculación al pago de $15 millones que proporcionó Penta para pagar a la empresa Reactor SPA, para su campaña senatorial.
Lo anterior, sobre la base de las declaraciones de los controladores de Penta que aseguraron al Ministerio Público que fue el propio ex jefe comunal quien fue a pedir los aportes.
También se le atribuyó su relación con las empresas Asesorías Cristina Zúñiga EIRL y Reactor SPA que habrían emitido facturas ideológicamente falsas a SQM por un total de $67 millones, cuyos dineros también habrían ido a parar su campaña senatorial.
