Desde el 21 de mayo la crisis se ha agudizado.
El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- El sistema de salud público -que atiende a más del 75% de la población- no sólo parece "enfermo" por los problemas de gestión del criticado ministerio, sino que además entre los profesionales relacionados, hay más desacuerdos que trabajo en comunidad.
Figurando como uno de los hitos que agudizó y evidenció esta realidad en el ministerio de Salud (Minsal) y que provocó la inmediata reacción de los gremios, está el reconocimiento hecho por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.
En su discurso del 21 de mayo, la Mandataria confesó que no se iba a poder cumplir con la principal promesa de su gobierno en el área: 20 nuevos hospitales construidos, 20 en construcción e igual número en diseño o licitación.
Así la titular de la cartera, Carmen Castillo (quien asumió en enero de este año tras una bullada salida de su antecesora Helia Molina), ha ofrecido constantes explicaciones de lo que la Mandataria calificó como "debilidades en la gestión estatal".
Con lo anterior también quedó demostrado una deuda hospitalaria de $155 mil millones- que representan un alza del 69% desde el inicio de la actual administración- y una ejecución presupuestaria de apenas 4,8% a mayo.
De ahí en adelante las críticas, no sólo han surgido desde la Oposición sino que también en la Nueva Mayoría y se han centrado en el trabajo de la subsecretaria de Redes Asistenciales, Angélica Verdugo.
"Su sobrecarga de trabajo es muy alta" y "enfrenta una tarea muy compleja" han sido las frases con las que la ministra ha debido defenderla cada vez que es cuestionada la pertinencia de la continuidad de Verdugo en el cargo.
Además y bajo el slogan "Con la salud no se juega", parlamentarios de la Alianza miembros de la Comisión del Senado y de la Cámara, junto a ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, como el ex ministro Jaime Mañalich y el ex director de Fonasa, Mikel Uriarte, se plantearon ser los principales fiscalizadores del sistema.
Presentando una serie de solicitudes de auditorías en la Contraloría y amenazando en diversas ocasiones con interpelar a Castillo, dicen estar cumpliendo su rol.
Los gremios enfrentados
Las debilidades y desacuerdos parecen tantos, que han generado incluso divisiones entre los profesionales del área, quienes además de tener diferencias con la autoridad, han demostrado divisiones internas.
Ayer la polémica que hace cinco años viene enfrentando a matronas y enfermeras por su rol laboral volvió a explotar y parece comenzar con un nuevo capítulo.
Esto luego de que la Contraloría emitiera un fallo a favor de la solicitud hecha por las enfermeras, que deroga la norma emitida en 2010 por el Minsal, que cedía en forma exclusiva a las matronas la responsabilidad administrativa de las unidades de obstetricia, ginecología y neonatal de los hospitales.
La presidenta del gremio aludido, Anita Román, anunció que sus representados "están en alerta" y aseguró que no aceptarán "atropellos y faltas de respeto", pues el dictamen permite que “que otros profesionales de salud se hagan cargo de dependencias de alta complejidad y especialidad como la obstetricia”.
Ante los dichos de Román y sus representados, el directorio nacional del Colegio de Enfermeras anunció "que con respecto a las publicaciones en redes sociales y a las declaraciones por parte del gremio de matronas, se están evaluando las acciones legales a seguir".
"No podemos quedar fuera"
Otro protagonista de la crisis, por el rol indispensable que ejercen, es el Colegio Médico que actualmente vive días claves en una negociación con el Minsal, donde dieron como último plazo el próximo 9 de julio para que la autoridad emane una nueva propuesta a su petitorio que de no ser aprobada, podría significar el inicio de diversas movilizaciones.
Sin embargo y en ese contexto, este jueves surgió una nueva voz que alega sentirse excluida:el Colegio de Dentistas. Ellos exigen una reunión urgente con la ministra Carmen Castillo, pues advirtieron que deben ser parte del diálogo centrado en la Ley 19.664 (que establece normas especiales para profesionales funcionarios con desempeño en los servicios de salud del país).
El presidente nacional del gremio, Jaime Acuña, sostuvo que le parecía "delicado" que "se discrimine a algunas profesiones por sobre otras" y solicitó que "se entienda que estas exclusiones solo perjudican a los pacientes".
