SANTIAGO.- Hasta el Palacio de La Moneda llegaron integrantes de la familia Galilea, quienes acompañados del Senador Alberto Espina (RN), se reunieron con el Vicepresidente de la República, Jorge Burgos, para contarle los detalles de la serie de atentados incendiarios que han sufrido en la comuna de Cañete, en la Región del Biobío.
Tras la reunión, que se extendió por cerca de una hora y que contó con la presencia del Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy y del Director General de Carabineros, Gustavo González Jure, Claudio Galilea, una de las personas afectadas por dichos ataques, señaló que "el ministro Burgos nos dio una muy buena señal y se comprometió a reforzar la seguridad que significará mayor dotación de Carabineros para detener este problema de violencia en la región".
Asimismo, el Senador Espina resaltó la postura del ministro Burgos manifestando que "noto un cambio de actitud muy grande en el Gobierno, porque fundamentalmente asumió un compromiso a fondo, usando todos los recursos que entrega la ley, en el sentido de enfrentar a los grupos violentistas que están actuando en el sur, cuyas conductas -como también dijo el ministro Burgos- no tienen ninguna justificación y explicación, y constituyen simplemente el actuar de delincuentes que amedrentan y atemorizan a agricultores honestos, como la familia Galilea, con el propósito de expulsarlos de sus tierras".
"Debemos aislar a estos grupos violentistas, actuar con todo el peso de la ley y que asuman su responsabilidad política aquellas autoridades, en este caso parlamentarios, que se hacen los lesos frente a estos temas, porque siempre hay quienes señalan que acá existe un contexto histórico (…) pero acá hay un grupo de delincuentes que amedrentan en las regiones del sur del país, y el ministro Burgos asumió un compromiso para aplicar todo el peso de la ley, para encontrar a estos delincuentes e impedir que estos hechos sigan cometiéndose", agregó.
Finalmente el parlamentario por La Araucanía, en relación a la denominada "Propuesta por la Paz Social" a implementarse en las regiones del sur del país, sostuvo que se debe formar "un consejo o aukiñ donde participen representantes de los pueblos originarios elegidos por ellos mismos, también lo hagan los agricultores, parceleros y el Estado, para determinar y catastrar las tierras que el Estado de Chile se comprometió a entregar y poner fin a un conflicto que se arrastra por más de 100 años".
