El rector de la U. de Chile y presidente del CUECh durante la reunión de directorio.
Universidad de Chile
SANTIAGO.- Una declaración pública de siete puntos es el resultado de la reunión que sostuvo esta tarde el directorio del Consorcio de Universidades Estatales de Chile (CUECh), en el marco de la discusión sobre el proyecto de gratuidad y reforma a la Educación Superior.
Tras la cita, el presidente de la instancia y rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, enfatizó en que el Estado deberá comprender una política de equidad que implique "no discriminar" a las universidades, para lo cual, se requiere fijar el mismo arancel para todos los planteles que deseen optar a la gratuidad, sean estatales o privados.
"No vemos ninguna razón para que no sea ese el criterio. Si hablamos de equidad no vemos por qué el Estado le va a dar más recursos a una determinada universidad que hoy día cobra tres veces lo que cobra otra", señaló Vivaldi.
En esa línea, añadió que tampoco sería "comprensible" que se fijen de acuerdo al nivel de acreditación de las carreras o cada universidad ya que esto "condenaría a las Ues. menos desarrolladas a un subdesarrollo permanente".
Aún así, el rector de la U. de Chile hizo hincapié en que "si el Estado va a dar dinero, algún criterio tiene que haber para validar que esa formación que reciben (los estudiantes) es buena".
Respecto al plazo señalado por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, para presentar el proyecto de gratuidad en el Congreso -
que será enviado a más tardar en septiembre- Vivaldi enfatizó en que primero es necesario discutir en torno a algunos temas, por ejemplo, sobre el significado e importancia de la "universidad", como también su misión en la formación de estudiantes.
"Ahora, si quiere que nos juntemos de forma intensiva de aquí a septiembre, pierda cuidado que nosotros tenemos muy claro lo que queremos y si esa es la idea, felices de participar en la redacción de un proyecto de ley sobre universidades", agregó.
Con todo, el presidente del CUECh pidió además no impedir la expansión de matrícula en las universidades estatales. "Hacerlo obligaría a los jóvenes que prefieren las universidades estatales a irse a las privadas, y a su vez, esto obligaría al Estado a transferirles fondos fiscales a esos planteles, sin olvidar que muchos de ellos están siendo investigadas por lucro", subrayó el rector.
