El alcalde de Machalí es cuestionado porque el Plan Regulador permite el cambio de uso de suelo rural a urbano en algunas zonas.
Pablo Mardones, El Mercurio
SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió a trámite un recurso de protección en contra del alcalde de Machalí, José Miguel Urrutia (UDI), y le solicitó un informe luego de que su actuar fuera calificado como "ilegal y arbitrario" y que atenta contra la Constitución.
Esto al prorrogar por segunda vez el decreto N° 524 que posterga por tres meses más los permisos de subdivisión, loteo o urbanización predial y construcciones, cuando un sector de ubicación del terreno esté afectado por estudios sobre modificaciones del plan regulador comunal o intercomunal.
Según consiga hoy
El Mercurio, la presentación fue interpuesta por Mario Contardo Egaña, dueño de 49 hectáreas pertenecientes a la Reserva Fundo El Recreo de Machalí.
Contardo alega que con esta nueva prórroga, "se vulnera abiertamente el derecho de propiedad, por cuanto se limita uno de los atributos del dominio, que es construir en su predio existentes al día de hoy".
La ilegalidad que reclama el propietario es que primero se aprobó el 27 de octubre de 2014 la aplicación del decreto cuya postergación vencía el 27 de enero de 2015, sin embargo, con fecha 4 de febrero se dictó la resolución que autorizaba la primera prórroga. La segunda venció el 8 de febrero de 2015 pero se materializó el 28 de mayo, "esto es 20 días después que el acto caducara de pleno derecho", dice el recurso.
Agrega que "no es razonable" esta nueva paralización porque la propia Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se ha manifestado de manera desfavorable en cuanto a las condiciones técnicas del estudio del plan regulador.
"Nuestro representado es una de las muchas víctimas de modificaciones, congelamientos de zonas, cambios de densidades, las cuales no tienen fundamento técnico alguno, según lo ha dicho expresamente la propia Seremi de Vivienda y Urbanismo", dijo Mauricio Daza, uno de los abogados que patrocina el recurso.
El profesional añadió que con esta medida "por un lado se intenta modificar el plan regulador intercomunal con la finalidad de que la zona en donde están los terrenos de Caval y otras personas beneficiadas dejen de ser rural y pase a ser urbana; y por otra parte, se pretenden alterar las densidades al interior de la comuna de forma irregular.
Para esto se mantiene la densidad general de la comuna y sus límites, pero se redistribuyen dentro de ella las densidades específicas para la construcción de proyectos inmobiliarios, reduciéndola en ciertas zonas y aumentándolas en otras, lo que se justificaría solo en el ánimo de beneficiar a determinados propietarios".
De esta manera el Plan Regulador de la comuna está nuevamente siendo cuestionado tras lo ocurrido con el caso Caval, aún en investigación. En tanto el alcalde, pidió cinco días más de plazo para entregar el informe, lo que fue aprobado por la Corte.
