Parlamentarios de la UDI proponen bajar la cobertura de gratuidad de un 60% a un 50% de alumnos vulnerables en 2016, sin excluir a las Ues privadas.
El Mercurio
SANTIAGO.- El próximo miércoles, a las 16:30 horas, se realizará la sesión especial en la Cámara de Diputados -
a petición de parlamentarios de la Alianza- para analizar la decisión del Gobierno de excluir a las universidades privadas que no pertenecen al Consejo de Rectores (CRUCh) del inicio de la gratuidad en 2016.
El diputado UDI, Jaime Bellolio, señaló a Emol que una de las propuestas que presentará la colectividad en la cita -donde se espera la presencia de la ministra de Educación Adriana Delpiano y el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés- es que, si uno de los argumentos es la restricción económica, el Ejecutivo disminuya la cobertura de gratuidad de un 60% a un 50% de alumnos vulnerables pero que, a diferencia de lo que se propone actualmente, el beneficio cubra a todos los estudiantes, independiente del plantel al que asisten.
"El Gobierno debe aclarar si va a hacer una política inconstitucional o una que es justa (...). La clave cuando hay restricción de presupuesto es priorizar y eso significa poner adelante lo más justo y después el resto", subrayó Bellolio.
En ese sentido, el parlamentario advirtió que si el Gobierno insiste con la medida y la presenta tal cual está en la ley de Presupuesto 2016 -de la cual se extraerán los recursos para lograr esta primera etapa de gratuidad- "no vamos a tener duda para, no solamente votarla en contra, sino también hacer reserva de constitucionalidad contra el principio de no discriminación arbitraria".
Por su parte, el diputado Felipe Kast (Evópoli) respaldó la opción de rechazar la ley de Presupuesto e indicó que "me encantaría el oficialismo se pudiera sumar a ese rechazo", debido a que el sector es mayoría en la Cámara.
Aún así, el legislador dijo estar "convencido" de que el Ejecutivo revertirá su decisión "porque el sentido común de la ciudadanía no va a apoyar una discriminación de esta naturaleza".
"No hay motivos desde el punto de vista de la justicia social ni tampoco técnicos para una discriminación de tal tamaño", remarcó Kast.
