Francisco Ugás criticó el fallo realizado por la justicia castrense de la época señalando que el caso fue conocido por un tribunal que no era parcial.
Agencias/Archivo
SANTIAGO.- El secretario ejecutivo del programa de DD.HH. del Ministerio del Interior, Francisco Ugás, solicitó
al juez Mario Carroza que procese en calidad de autores a los siete ex militares que fueron arrestados en la últimas horas, tras la reapertura del caso Quemados.
El abogado sostuvo que desde la unidad gubernamental "se solicitó que se les tome declaración con miras a un auto de procesamiento en calidad de autores materiales del homicidio calificado en grado de consumado y por la alevosía y premeditación conocida y además por el homicidio calificado frustrado en concurso del delito de lesiones graves gravísimas en perjuicio de
Carmen Quintana".
Ugás -quien fue acompañado por familiares de Rodrigo Rojas- agregó que en el primer juicio realizado tras el ataque ocurrido en julio de 1986 por el juzgado militar de Santiago, se reunieron antecedentes que indicaban que los hechos no habían ocurrido como habían dicho los ex funcionarios castrenses, que aseguraron que tanto Rojas como Quintana se habían quemado al manipular una bomba incendiaria.
"A ello se suma la declaración de un ex conscripto que da cuenta de que los hechos ocurren como las víctimas refirieron en su oportunidad y de las labores encubrimiento realizadas por el alto mando del Ejército para, encubrir los hechos criminales perpetrados en contra de ambas víctimas", afirmó.
En esa línea, criticó el fallo realizado por la justicia castrense de la época señalando que el caso fue conocido por un tribunal que no era parcial.
Asimismo, solicitó que los imputados reciban penas acordes a los delitos que según dijo, cometieron. "Queremos que nunca más en nuestro país ocurran este tipo de conductas y eso solamente se puede lograr con imposición de sanciones altas", agregó.
Por su parte el abogado del programa gubernamental, Rodrigo Lledó calificó como "hechos brutales" lo ocurrido a Rojas y Quintana y denunció "una operación de encubrimiento por parte del alto mando de la época, con amenazas a conscriptos y los premia para que no hablen. Ese pacto de silencio fue roto".
Lledó también anunció que apelará a la sentencia en contra del único condenado por el caso, el capitán (r) Pedro Fernández Dittus, quien fue sentenciado a 600 días de presidio en 1994, por parte de la justicia militar.
