La Fiscalía buscaba formalizar a Eguiluz por su presunta vinculación a delitos tributarios, apropiación indebida e infracción a la ley de donaciones.
Aton Chile
SANTIAGO.- El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago anuló la audiencia de formalización solicitada por la Fiscalía Nacional en contra del ex vicepresidente de Renovación Nacional Claudio Eguiluz, quien es indagado en el denominado caso Penta-SQM por su presunta vinculación a delitos tributarios, apropiación indebida e infracción a la ley de donaciones.
Ello, luego se resolver respecto a la solicitud de la defensa del opositor -encabezada por el abogado Marcelo Torres-, que argumentó improcesabilidad en la intención de la Fiscalía, ya que el Ministerio Público no contaba con el respaldo de la querella nominativa del SII.
De esta manera, la petición del ente persecutor penal para comunicar cargos a Eguiluz queda sin efecto hasta que la Corte de Apelaciones resuelva definitivamente si es procedente o no imputar delitos tributarios al congelado militante, contra quien sólo existe una denuncia del órgano fiscalizador.
Ante la resolución de la magistrada, que acogió la nulidad solicitada por la defensa, el fiscal Emiliano Arias se mostró "sorprendido", enfatizando que no comparte los fundamentos del tribunal y enfatizando que recurrirán al tribunal de alzada para intentar revocar el dictamen del juzgado de garantía.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, en el marco del denominado caso Penta-SQM, Eguiluz habría incurrido en apropiaciones indebidas "durante los años 2011, 2012 y 2013, en carácter de consumados y reiterados".
Según ha establecido la Fiscalía, éstas habrían sido realizadas en Santiago, en calle Los Militares 4290, comuna de Las Condes, y en la ciudad de Concepción.
De acuerdo a la indagatoria, Eguiluz además habría emitido boletas maliciosamente falsas a la empresa SQM y, según consta en la denuncia presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) al Ministerio Público -donde se dan a conocer 173 nombres de personas y empresas que emitieron boletas y facturas a la empresa minera no metálica controlada por Julio Ponce Lerou-, el ex vicepresidente de RN emitió un documento por $112.500.000.
Por estos hechos, y su reiteración, los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias solicitarían la medida cautelar de prisión preventiva.
El ex dirigente opositor, en tanto, ha insistido en que los pagos que se le atribuyen corresponden a servicios prestados fuera del periodo electoral y que tienen relación con la empresa agrícola que tiene hace 25 años.
