SANTIAGO.- Una intensificación de las manifestaciones se ha producido en las últimas horas en Calama por parte de los contratistas de Codelco, que se mantienen en paro, luego de que quemaran una camioneta para después marchar hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores de la ciudad de la Región de Antofagasta.
De acuerdo a lo informado por radio "Bío-Bío", unos 1.500 trabajadores participaron de la manifestación que incluyó el bloqueo de la vía férrea y la solicitud de las llaves a los conductores de los buses que transportaban a los operarios, máquinas que fueron instaladas en medio de la ruta a El Salvador.
En tanto, los antecedentes preliminares de la investigación arrojaron que dos tenientes y dos sargentos usaron su armamento la noche en que falleció Nelson Quichillao, cuya familia ya anunció acciones legales y que solicitarán nuevas diligencias.
Este dato aparece en un informe reservado que, según
"El Mercurio", fue entregado por Carabineros a la Fiscalía y que establece las identidades de los uniformados involucrados en el incidente.
El documento señala, bajo el acápite "personal involucrado", que, en definitiva, dispararon dos tenientes, un sargento segundo y un sargento primero.
Los dos primeros fueron quienes usaron sus armas cuando recién las palas mecánicas se acercaban al personal policial. Uno de los oficiales disparó tres balazos y el segundo dos. Estos proyectiles, de acuerdo a otro informe al que hizo referencia este medio en su edición del sábado, impactaron en la pala mecánica.
Momentos después dispararon el sargento primero y el sargento segundo, cuando las máquinas supuestamente iban a arrollar a un carabinero que se había caído al suelo en un repliegue. Cada uno de estos suboficiales efectuó 15 tiros.
El informe que indica las identidades de los carabineros que dispararon, eso sí, no señala cuál de los policías fue el autor del balazo que alcanzó a Nelson Quichillao, y que, según las pericias iniciales, fue un rebote.
Hasta anoche, el antecedente era manejado en reserva. Pese a ello, trascendió que uno de los suboficiales sería quien efectuó el tiro fatal.
Más de 100 disparos
Al respecto, el abogado de derechos humanos, Cristián Cruz, quien tomó el caso por parte de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) sostuvo que los policías descargaron "unos 33 disparos con armas cortas y otros 100 con escopetas".
Agregó que esto se contradice con la investigación realizada por la Fiscalía de Diego de Almagro, que sostiene que sólo se efectuaron 30 disparos, a pesar de que el propio parte de Carabineros indica que fueron 33, según el abogado.
El número de disparos, añadió, supera con creces las bombas lacrimógenas lanzadas a los trabajadores, es decir, "Carabineros privilegió el uso de armas de fuego contra los trabajadores por sobre el material disuasivo, el cual también fue lanzado al cuerpo de los trabajadores".
En ese contexto, el abogado explicó que "tenemos antecedentes de que uno de los funcionarios policiales que viajó desde Valparaíso a reprimir a los trabajadores en El Salvador intentó ocultar el hecho diciendo que el cargador se le había caído".
Sin embargo, añadió el abogado, al ser presionado por su superior y al encontrársele además, un fuerte olor a perfume, el carabinero reconoció que efectivamente había disparado íntegramente su cargador, el que habría sido limpiado previamente con colonia por el funcionario de FF.EE., para encubrir y eludir las responsabilidades.
"Este hecho ciertamente nos habla de la consciencia criminal de su obrar. Sin embargo, el proceder de Carabineros fue institucional, pues los policías no se mandan solos. En el lugar, habría estado un coronel de la institución a cargo de la operación, lo que demuestra que los suboficiales no están actuando por propia iniciativa", agregó.
"Aquí estamos frente a un homicidio y no a la teoría de Carabineros de la casualidad o del rebote de la bala", dijo Cruz para finalmente afirmar que "la CTC colaborará para esclarecer todas las responsabilidades del caso".
