SANTIAGO.- Augusto Pinochet fue el principal responsable del encubrimiento que durante 29 años mantuvo en reserva los nombres de los autores del ataque perpetrado contra dos jóvenes el 2 de julio de 1986, donde fueron quemados vivos.
Así lo establecen los archivos desclasificados de la CIA que hoy -según publica el diario español "El País"- serán dados a conocer por el Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad de Georgetown.
De acuerdo al medio, el ex comandante en jefe del Ejército "en persona ordenó que se frenaran las pesquisas para determinar la responsabilidad de los hechos ocurridos el 2 de julio de 1986, cuando patrullas militares quemaron con gasolina a dos jóvenes que protestaban en la primera de las dos jornadas del Paro Nacional contra la dictadura".
El informe, que fue desclasificado hace más de una década, será difundido esta jornada, un día después de dictarse nuevos procesamientos en contra de cinco militares en retiro luego de la reapertura del caso que sustancia el ministro Mario Carroza.
Según detalla al diario español Peter Kornbluh, quien es responsable de la investigación en cuestión, el documento será compartido porque existen "abundantes detalles" que podrían servir de apoyo a la acusación. "Los documentos vinculan a Pinochet con el encubrimiento de un crimen de cuya autoría militar no caben dudas", dijo.
De acuerdo a los archivos confidenciales, agrega el diario, las maniobras para ocultar los hechos comenzaron en el mismo hospital de urgencias adonde fueron transportados los jóvenes, gravemente heridos: Carmen Gloria Quintana y el fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, quien falleció producto de las graves lesiones.
"Quemado de forma deliberada"En un primer cable estadounidense, enviado desde la embajada en Chile al Departamento de Estado el 8 de julio, dos días después de la muerte de Rojas, se dice que el joven fue "quemado de forma deliberada por soldados". Asimismo, se agrega que "médicos en la Posta Central afirman que el director de la Posta obstruyó el traslado de Rojas a una clínica mejor equipada para tratarlo".
Éste, identificado como el doctor Guzmán, "escribió una nota en el historial médico (de Rojas) ordenando que no recibiera visitas debido a los problemas legales de su caso y de Quintana, y que tampoco debía ser trasladado" lo que además "impidió que se tomara cualquier declaración legal" a Rojas, añade.
En un segundo documento, remitido esta vez a la Casa Blanca con fecha de 14 de julio, se advierte de a pesar las declaraciones de testigos que señalan a miembros del Ejército como responsables del ataque, "el Gobierno chileno, siguiendo directivas de Pinochet, está tratando de tachar públicamente como terroristas a Rojas y a Quintana, que habrían sido víctimas de sus propios cócteles molotov".
"No es probable que Pinochet vaya a permitir que se juzgue a soldados, ni siquiera si un investigador oficial los señalara como los culpables. Si se desbarata la defensa del cóctel molotov, deberíamos esperar otras explicaciones, como que responsabilicen a comandos comunistas", especifica el escrito.
En el mismo escenario, el 22 de julio llega otro recuento -de una página- desde Santiago al Departamento de Estado en Washington donde se explica que el informe final de Carabineros concluye que la investigación "indica claramente que los miembros de una unidad militar chilena de patrulla estuvieron involucrados en la quema de los dos jóvenes", aunque solo se identifica a uno de los responsables con nombre.
El documento, además, establece que fue entregado a Pinochet por el director general de Carabineros de la época, Rodolfo Stange, pero el ex general no lo creyó y se negó a recibirlo.
Un mes más tarde, el 27 de agosto, la inteligencia militar estadounidense afirma que el Gobierno chileno "ha cambiado varias veces su versión sobre su implicación en la quema y posterior muerte de Rodrigo Rojas y aparentemente ha emprendido una campaña de intimidación para presionar a los testigos" del crimen.
Por último, un cable publicado el 18 de diciembre menciona que "el ministro de Justicia, Hugo Rosende Subiabre, está ejerciendo presión sobre el fiscal del Estado y los jueces para atascar y finalmente desestimar el caso por falta de pruebas" y con ello, poder alargar el caso evitar que éste llegue a la Corte Suprema.
