Ambos detenidos quedaron ayer sin medidas cautelares.
El Mercurio
SANTIAGO.- "Insistiremos en que la única medida cautelar acorde a la gravedad de los hechos es la privación de libertad", dijo a
Emol este viernes el persecutor Julián Muñoz, quien investiga el asalto a la sucursal de Servipag de Hualpén, cuyo cajero fue rociado con bencina y quemado tras oponer resistencia.
"La Fiscalía dispone -al igual que ayer- de antecedentes que por una parte justificaban la detención y formalización de los sujetos, y por otra la solicitud de la máxima de las medidas cautelares para ambos casos", agregó, aludiendo a la prisión preventiva en el caso del adulto y la internación provisoria en un centro cerrado del Sename, en el caso el joven de 17 años, que ayer fue negada por el tribunal.
"Considerando la gravedad del hecho y la penalidad que tiene un delito como el que se persigue en este caso -robo con violencia calificado con homicidio frustrado- la única medida precautoria es la privación de libertad", insistió Muñoz, enfatizando que ambos detenidos, en caso de ser declarados culpables, arriesgan condenas que van desde los 10 años y un día de cárcel hasta presidio perpetuo.
Agregó que no comparte la resolución de la magistrado Mariángela Mayela Thiele, del Juzgado de Garantía de Talcahuano, quien desestimó el requerimiento del Ministerio Público, dejando sin medidas cautelares a ambos imputados por considerar que en esta etapa procesal, las pruebas presentadas por el ente persecutor son insuficientes para presumir la participación de los individuos en el ataque ocurrido la noche del miércoles.
"Frente a hechos de esa naturaleza, la Fiscalía tiene el deber de llevar a estas personas ante el tribunal y pedir una cautelar intensa equivalente a los antecedentes", descartando a su vez que éstos se hayan basado en "rumores de testigos".
En la misma línea, justificó la solicitud del Ministerio Público y defendió las evidencias que ayer fueron expuestas por el fiscal José Orella para fundamentar la prisión de Jorge M.P. y su hermano de 17 años, cuya situación finalmente será resuelta por la Corte de Apelaciones.
