El edil Plaza en el Centro de Justicia.
Christian Zúñiga, El Mercurio
SANTIAGO.- "Soy un perseguido político de este país", recalcó este martes el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza, al finalizar la segunda jornada de formalización del denominado caso Basura, donde es imputado por presuntos delitos de corrupción.
Según enfatizó, los hechos que le atribuye el Ministerio Público no tiene sustento y sólo responden a una maniobra política.
Asimismo, se mostró confiado en que su defensa podrá demostrar su inocencia, evitando de esta manera
la prisión preventiva que le solicitó la Fiscalía Occidente debido a la gravedad de los ilícitos que se le imputan.
Por su parte, el abogado Rodrigo Ávila -quien representa a Plaza- aseguró que cuenta con antecedentes suficientes para acreditar que no hay delito respecto a su cliente, los que serán expuestos mañana luego que el Ministerio Público termine de fundamentar su petición de privación de libertad.
"Vamos a demostrar que la aseveración de la Fiscalía carece de real fundamento", afirmó, reiterando que los hechos que le fueron atribuidos a Plaza "no han ocurrido de la forma que ha señalado el Ministerio Público".
Detalles claveDe acuerdo a los primeros antecedentes vertidos ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, Plaza y otras 17 personas se habrían coludido para recibir sobornos de particulares para que empresarios se adjudicaran licitaciones en las comunas de Cerro Navia y Maipú.
Para ello, se asociaron de manera ilícita para utilizar conocimientos y contactos con el fin de sustraer recursos públicos.
De esta manera, agregó Huerta, operaban primero identificando procesos de licitaciones en los cuales podían utilizar empresas creadas por ellos, sin mayores controles o fiscalizaciones.
Luego, tras concertarse de manera ilícita, desacreditaban a las empresas más favorables para las comunas en los concejos municipales, generando las condiciones para que las licitaciones se las adjudicara la empresa KDM para el retiro de residuos sólidos.
Para acreditar lo anterior, el Ministerio Público presentó escuchas telefónicas que serían clave para sustentar la asociación ilícita que se persigue.
