La familia es conocida por haber desarrollado el proyecto inmobiliario Club de Golf Lomas de La Dehesa.
Luciano Riquelme, El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- La fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente envió a Panamá un requerimiento de asistencia internacional con el objetivo de recabar información respecto a la fundación de la familia Ossandón Larraín, creada en dicho país para presuntamente para desviar fondos patrimoniales.
La solicitud fue despachada el 8 de julio por el persecutor José Antonio Villalobos en el marco de la investigación por delitos tributarios que fueron denunciados el año pasado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y que consta en la querella estampada en octubre por el órgano fiscalizador.
El requerimiento es parte de las diligencias pendientes que sustentan la petición del Ministerio Público para ampliar el plazo de investigación en seis meses, luego que venciera el periodo de 90 días decretados en principio tras la formalización de cinco miembros del clan.
Sin embargo, el tribunal sólo accedió a ampliar en 180 días.
De acuerdo a la Fiscalía, dicho informe es clave para aclarar el fin de las operaciones de la fundación que, de acuerdo a la indagatoria del ente persecutor, sería desviar el patrimonio familiar a paraísos fiscales.
En la causa son imputados María Soledad Larraín Troncoso; su cónyuge, Gabriel Ossandón Valdés; y sus hijos, Bernardo, María Teresa y Gabriel.
Los hechos, de acuerdo a la exposición del investigador ante el 4º Juzgado de Garantía, tienen relación con la presentación de declaraciones maliciosamente falsas de manera reiterada.
Según la investigación, todos los imputados "de manera concertada y a través de diversas operaciones, lograron finalmente burlar impuestos al fisco de Chile por medio de diversas sociedades y maniobras que les permitieron no pagar los impuestos".
Investigación
La causa se inició cuando uno de los hermanos, Manuel Ossandón Larraín denunció al SII presuntas irregularidades cometidas por personas que forman parte del clan y que habrían tenido como finalidad disminuir la carga tributaria que debía ingresar en arcas fiscales.
Éste además se querelló en 2012 por estafa y apropiación indebida en contra de su hermano Bernardo, acción que dejó al descubierto la disputa entre ambos por el destino de la fortuna de la familia.
Sin embargo, este caso -que llevó adelante la fiscalía Centro Norte- fue sobreseído definitivamente luego que el Ministerio Público estimara que los actos detallados en la acción judicial no tenían mérito.
Dos años después y luego de la investigación realizada por el SII, en diciembre del año pasado el organismo se querelló ante el 4° Juzgado de Garantía contra las personas denunciadas y dio luz verde para que los fiscales Pablo Norambuena, Carlos Gajardo y José Antonio Villalobos imputaran a los aludidos los eventuales ilícitos.
