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Filtraciones: Ayala llegó con abogado a la Fiscalía para declarar en causa en su contra

Esta mañana, en tanto, por casi una hora prestó declaración la jefa de gabinete del Ministerio de Hacienda, Andrea Palma, ante el fiscal Manuel Guerra.

11 de Agosto de 2015 | 11:13 | Por Andrea González Schmessane, Emol
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El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Durante este martes, el fiscal regional Oriente, Alberto Ayala, declarará ante su par de Tarapacá, Manuel Guerra, en la causa en su contra por presuntas filtraciones de antecedentes del caso SQM desde la Fiscalía al ministerio del Interior.

Por ello, poco antes de las 11:00 horas llegó hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional -donde esta mañana se realizó un encuentro de fiscales regionales- acompañado de su abogado dispuesto a ser interrogado.

La diligencia será clave para aclarar la presunta fuga de datos de la causa que actualmente sustancia el jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán, y que persigue presuntos delitos tributarios relacionados con financiamientos irregulares de campañas políticas.

Previo a ella, durante una hora fue interrogada en calidad de testigo la jefa de gabinete del ministerio de Hacienda, Andrea Palma, luego que su nombre también apareciera en las supuestas filtraciones al Gobierno.

Ayer, en tanto, fue el turno del fiscal Carlos Gajardo, quien al momento de los presuntos ilícitos se encontraba liderando el caso SQM junto a los persecutores Pablo Norambuena y José Antonio Villalobos.

En la causa, también han declarado en calidad de testigo el ex director del Servicio de Impuestos Internos (SII) Michel Jorratt; el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, y el ex subdirector jurídico del SII Cristián Vargas.

Este último, principalmente por lo expuesto en su declaración como testigo en el caso Penta-SQM, donde aseguró que un fiscal de la Nueva Mayoría habría alertado al ministerio del Interior sobre la primera querella del SII que daba pie para investigar delitos tributarios desde 2009 a 2014.

Lo anterior, ante las consultas por presuntas presiones que habría recibido el órgano fiscalizador por parte del Gobierno para impedir acciones judiciales que pudiesen perjudicar al oficialismo.
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