SANTIAGO.- A dos años desde que la administración anterior creara el subsidio de arriendo, el Gobierno está evaluando la construcción de viviendas estatales para luego arrendarlas.
Según un informe del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), publicado hoy por
"El Mercurio" y obtenido mediante la ley de Transparencia, ese beneficio muestra tasas de aplicación relativamente bajas, similares a los programas destinados a la propiedad.
Una de los antecedentes que muestra el escrito es que de los 5.058 subsidios que se lanzaron a inicios de 2014, el 54% de ellos (2.745) no han logrado ejecutarse.
La situación es similar para el segundo llamado del beneficio: de los 2.036 subsidios lanzados, 1.317 (65%) aún no se convierten en un arriendo.
Esto se torna más complejo en ciudades con suelos y alquileres más caros, como las mineras (Antofagasta, Iquique y Calama).
Con todo, Slaven Razmilic, especialista en Vivienda del Centro de Estudios Públicos (CEP), explica que el programa está consiguiendo su objetivo de aliviar la carga financiera de las familias jóvenes.
"Las familias beneficiadas tienen ingresos promedio de $310 mil, lo que las ubica entre el 30% y 25% más pobre. Considerando que el arriendo pagado es en promedio el 40% de los ingresos, el subsidio está alivianando significativamente el presupuesto de familias que lo necesitan", señala.
Según el informe del Minvu, las regiones con más aplicaciones del subsidio son las del centro sur: O'Higgins, Maule, Biobío y La Araucanía. Ello se explica, según Razmilic, porque ahí los precios suelen ser más bajos. "Se debe potenciar la oferta en arriendo promoviendo el desarrollo de densidades altas en conjuntos bien equipados que comprenden ese mayor valor", propone.
Para extender el alcance del programa y hacerlo más aplicable, el Minvu está ideando una serie de cambios.
Entre ellos, se elevará la edad máxima de los postulantes de 30 a 35 años. El subsidio se elevará de un tope máximo de 3 UF ($75 mil) a 6 UF ($150 mil). Y el valor máximo de la vivienda a alquilar será de $190 mil. También se apuntará a beneficiar a las familias inmigrantes. Así, se cambiará la exigencia de la residencia definitiva por la presentación del carné de identidad a los extranjeros.
Cambios profundos
Más allá de las modificaciones al decreto (que están en análisis en Contraloría), el Minvu está analizando una reforma más profunda al programa. José Luis Sepúlveda, jefe de la División de Política Habitacional (DPH) de la cartera, detalla que se busca ampliar el alcance del programa, para hacerlo una alternativa real a los planes de propiedad que tradicionalmente ha impulsado el Ejecutivo.
"Estamos planificando una modificación estructural del subsidio para ampliar rangos etarios y grupos económicos. Hasta hoy el programa está destinado a una situación transitoria de personas jóvenes para mejorar su situación de ahorro y así que puedan postular a la vivienda con crédito hipotecario. Pero queremos que el arriendo sea una herramienta más de las que se entrega, que se destine a todos los quintiles y aborde desde los jóvenes hasta los adultos mayores", señala.
Entre esos cambios, el Gobierno estudia dos modelos adicionales de arriendo, que se complementarían al actual: uno de ellos es seguir los utilizados en países como Suecia, con la construcción de grandes conjuntos de vivienda estatal, bien localizadas dentro de la ciudad, para destinar unidades habitacionales de arriendo. "Esto permite al Estado tener un parque de viviendas fiscales", añade.
El otro es que se planea fomentar a las empresas constructoras para que generen conjuntos de viviendas que puedan destinar al arriendo, como modelo de negocios, para lo cual contarían con apoyo del Estado, mediante un subsidio.
Los cambios en estudio debiesen completarse durante la actual administración, finaliza el jefe de la DPH.
