SANTIAGO.- El mismo día que Natalia Compagnon declaraba por segunda vez ante la fiscalía de O'Higgins, la comisión investigadora por el caso Caval insistía en el envío de cuestionarios a la nuera y al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos.
Los textos nunca fueron contestados por los involucrados, menos las invitaciones a la instancia. Tales situaciones han resultado frecuentes en las comisiones investigadoras del Congreso en el último tiempo, las que han puesto en duda ante la ciudadanía su verdadera utilidad.
En varios casos éstas "se han convertido a lo mejor en instrumentos más al servicio de la coyuntura política que de la mejora en la legislación", señala a Emol la directora del programa calidad de la política de la Fundación Chile 21, Gloria de la Fuente.
"Para efectos del trabajo propio en el Parlamento tienen problemas de legitimidad (...) Se terminan transformando en un instrumento donde las interpretaciones son funcionales a quienes impulsan estas instancias. Por eso muchas veces encontramos informes de mayoría o de minoría, pero que no se traducen en muchos casos en propuestas", agrega.
Estridencia comunicacional
El presidente de la comisión Caval, diputado Gabriel Silber (DC), coincide en que estas instancias son percibidas por la ciudadanía como "una trinchera que busca el perfilamiento político de un sector. Muchas veces gana la pirotecnia política respecto de las acusaciones que se instalan alrededor de dichas comisiones y eso en gran medida por la 'sobreexpectativa' de los parlamentarios a la hora de configurarla".
"Muchas veces caemos en la estridencia comunicacional respecto a algunas denuncias, pero una comisión bien aprovechada en términos investigativos y que es capaz de proponer macizas conclusiones, sirve al país. Creo que muchas veces los parlamentarios malgastamos esa oportunidad", reconoce el parlamentario.
Silber indica que "uno tiene que hacerse cargo de la crisis de legitimidad por las que atraviesan estas instancias, pero al mismo tiempo traducirlas en cuestiones concretas propositivas y con sentido de Estado. También podemos hace un esfuerzo adicional de abstraernos de la coyuntura política e ir por el lado de propuesta con una mirada de futuro".
El coordinador del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, Francisco López, advierte que "hay que entender también cuál es el efecto que tienen. No es que tengan funciones sancionatorias, más bien como dice su nombre son para investigar, proponer o levantar ciertas conclusiones, hay que entender cuál es su carácter también para esperar los resultados (...) podemos encontrar más bien recomendaciones o juicios respecto de determinados hechos".
Asimismo, el integrante de la comisión Caval y diputado Felipe Ward (UDI) asevera que las comisiones investigadoras "no son tribunales. Nosotros no somos juez, así que hay que estar adecuadamente informado para saber ¿qué hay que esperar? Que la comisión determine responsabilidades de carácter político y eso lo hemos hecho. Hemos logrado cambiar la legislación producto de acuerdos en las comisiones investigadoras".
"Estas instancias fiscalizadoras son muy útiles cuando son de temas que ellos pueden llevar adelante y no se utilizan únicamente como herramientas políticas", agrega López.
Ward, a su turno, explica que en el caso de las responsabilidades políticas hay diferentes sanciones, como una acusación constitucional, la remoción del cargo, una interpelación, la eventual prohibición de que la persona ejerza cargos públicos.
Con ello, el diputado Silber sostiene que es "absolutamente cierto que las comisiones son necesarias. Si lo podemos hacer mejor y tenemos que hacer cambios respecto la forma en cómo se trabaja para que la ciudadanía gane en credibilidad respecto de nuestro quehacer es un llamado de urgencia que debemos trabajar desde el Congreso".
Caval, entre política y justicia
Una de las comisiones que más exposición mediática ha tenido es Caval y tanto De la Fuente como López advierten de las dificultades que tienen estas instancias para abordar temas que son parte de indagatorias judiciales.
"Las comisiones investigadoras no pueden reemplazar al rol que hace la justicia, entonces en rigor si se trata de ex autoridades o en el caso Caval, si se trata de la nuera de la Presidenta y no tiene ningún cargo público, no tiene ningún sentido que la comisión se proponga hacer las veces de los tribunales y la fiscalía. Sí tiene sentido en la medida en que, por ejemplo, se trate de funcionarios públicos", sostiene la directora del programa calidad de la política de la Fundación Chile 21.
López, por su parte, precisa que cuando se trata de temas radicados en tribunales, incluso "es difícil para las personas que están siendo investigadas ir a las comisiones y comparecer en tribunales, porque hay ciertas duplicidad de las funciones".
Y en términos parlamentarios, las posturas son disímiles. Mientras el diputado Silber asegura que nunca ha sido partidario de la creación de comisiones nacidas de procesos judiciales, su par Felipe Ward las justifica. "Los tribunales establecen responsabilidades judiciales y nunca políticas (...) Creo que son complementarias", dice el UDI.
A comienzos de este mes nació entre los diputados de la Alianza la idea de crear una nueva comisión: esta vez para investigar los vínculos entre el Partido Comunista y las FARC, tras la revelación de correos electrónicos que habrían sido intercambiados entre militantes de la colectividad y el líder del grupo guerrillero colombiano.
La instancia se solicitaría durante la primera semana de septiembre, luego de que los parlamentarios lograran reunir las firmas necesarias para su inicio. Este nuevo proceso pondrá nuevamente a prueba ante la ciudadanía el rol fiscalizador de la Cámara, en busca de ser más de utilidad legislativa que un mero instrumento político.
