"Los criterios siguen siendo los mismos que se dijeron anteriormente", precisó Francisco Martínez.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- El jefe de la División de Educación Superior del ministerio de Educación (Divesup), Francisco Martínez, confirmó la tarde de este martes que los criterios fijados para el inicio de la gratuidad en 2016 serán exclusivamente los informados por la Presidenta Michelle Bachelet tras el cónclave de la Nueva Mayoría, realizado el pasado 3 de agosto.
"Bajamos el documento, los criterios siguen siendo los mismos que se dijeron anteriormente", sostuvo al respecto el jefe de la Divesup.
Del mismo modo, puntualizó que "esa es la claridad que tiene que tener toda la población, no hemos cambiado ningún criterio, no cambia en nada lo dicho tras el cónclave".
Los últimos ajustes presentados -que se sumaban a los ya informados por el Gobierno- establecían la opción de que a los cuatro años de acreditación el plantel esté certificado "tres años en las dos áreas obligatorias y además en el área de investigación".
Asimismo, el documento indicaba que las instituciones no pueden poseer "como integrantes de la corporación o fundación universitaria, sociedades comerciales con fines de lucro que puedan elegir sobre un 10% de los directores de la universidad".
¿Que criterios fijó el Gobierno para la gratuidad en 2016?
El 21 de mayo, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que el 60% de estudiantes más vulnerables del país que asistan a las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) y a los centros de formación técnica e institutos profesionales podrán acceder a la gratuidad en 2016. Frente a las criticas de distintos rectores que quedaron excluidos del beneficio para sus alumnos (Como la Universidad Alberto Hurtado o el CFT Inacap), se reconsideró la medida y ayer tras el cónclave de la Nueva Mayoría la Mandataria propuso un nuevo ajuste. ¿De qué trata? se decidió bajar el umbral de gratuidad para sólo el 50% de alumnos más vulnerables a fin de incluir a algunas universidades privadas. Para ello se fijaron tres criterios: estar acreditadas por más de cuatro años, no estar controladas por sociedades y poseer participación triestamental. Este anuncio, sin embargo, sigue excluyendo a los planteles técnicos que acusan tener el máximo de acreditación y calidad, sin embargo, están constituidos como sociedades con fines de lucro. Frente a este escenario, piden una "ley corta" para poder transformar su personalidad jurídica y poder optar al beneficio.
