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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 11:21
SANTIAGO.- Tras conocer el fallo del 9º Juzgado de Garantía que rechazó la prisión preventiva para los cinco principales imputados en el denominado caso Basura, la fiscal occidente Tania Mora descartó que ello haya sido un revés para la Fiscalía, argumentando que la dictación de medidas cautelares -en la intensidad que sea- avala la indagatoria del Ministerio Público.
"Quedar sujetos a medidas precautorias, evidentemente, hace que el esfuerzo investigativo haya rendido frutos", detalló, asegurando que "objetivamente" el tribunal dio por acreditado por supuestos materiales que sustentan la hipótesis de la Fiscalía.
"A juicio del Ministerio Público, lo que importa es que los antecedentes vertidos sean indiciarios tanto de delitos como de participación", se defendió, recalcando que -a su parecer- las pruebas exhibidas son suficientes para sustentar las imputaciones por presuntos actos de corrupción que tienen relación con actos de fraude al fisco, cohecho, malversación de fondos públicos, lavado de dinero y asociación ilícita.
Asimismo, enfatizó que si bien no se logró la pretensión de prisión preventiva, la Fiscalía analizará el fallo para determinar si recurre o no a la Corte de Apelaciones para intentar revertir la resolución del juez Juan Carlos Silva.
Este jueves, el tribunal dictó medidas cautelares para las últimas nueve personas formalizadas por su presunta vinculación a delitos de corrupción que habrían sido cometidos al interior de las Municipalidades de Cerro Navia y Maipú.
En su decimonovena jornada, el magistrado rechazó dejar privados de libertad a los alcaldes Cristian Vittori y Luis Plaza, quienes sujetos a firma semanal y arraigo nacional, al igual que el concejal de Maipú Marcelo Torres, Lorenzo Pérez y Marcela Morales.
Además se decretó arraigo nacional y firma mensual para el ex concejal Carlos Ritcher, para Óscar Lantadilla, para el suegro de Vittori, Luis Riquelme, y la esposa del edil, Pamela Riquelme.
En tanto, el tribunal fijó en ocho meses el plazo de investigación, rechazando de esta manera la pretensión de la Fiscalía -que pidió dos años- y la de las defensas, que propusieron un periodo de 30 días para las indagatorias.
