El diputado de RN German Bécker.
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SANTIAGO.- Los diputados de RN Germán Becker, Diego Paulsen y Gonzalo Fuenzalida proponen que se autorice al ministro del Interior para requerir al Fiscal Nacional el nombramiento de un persecutor especial que investigue delitos terroristas y que afecten la seguridad.
La medida fue socializada ayer por los parlamentarios con el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, a quien entregaron un anteproyecto de ley que además busca otorgar amplias facultades a los fiscales que indaguen estas causas.
Al respecto, el diputado Becker explicó a Emol que se propone "un fiscal de dedicación exclusiva, pero no sólo eso, sino que además con atribuciones importantes para casos muy especiales cuando esté en riesgo la seguridad interior del Estado o hayan actos realmente terroristas".
"A nosotros nos motiva obviamente, sin ser exclusivo, para los temas de La Araucanía, y también en el caso de que Santiago ocurren hechos como por ejemplo bombazos y ese tipo de cosas que podrían a lo mejor investigarlo un fiscal de dedicación exclusiva", sostuvo.
El nombramiento del persecutor especial se hará por un plazo de hasta un año, pudiendo prorrogarse hasta por igual periodo cuando se trata de casos calificados.
Colaboración de distintos organismos
Así, el documento plantea que para asegurar el éxito de la investigación, el Fiscal Nacional podrá solicitar la colaboración de los distintos órganos de Estado (incluidas las Fuerzas de Seguridad y de Orden) y quienes a su vez podrán destinar a funcionarios de sus respectivas dependencias para tales cometidos. Además, se podrán autorizar a funcionarios policiales para desempeñarse como agentes encubiertos.
Asimismo, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) deberá proporcionar al fiscal a cargo toda la información del caso, así como los recursos operativos para el éxito de la indagatoria. Tales antecedentes podrán ser usados como pruebas.
Reserva de diligencias y sanciones
El proyecto además aclara que "las diligencias de la investigación tendrán carácter reservado y sólo podrán tener acceso a ellas, con omisión de la identidad de quienes las practiquen, los intervinientes una vez que la misma se formalice".
En caso de infracción de la reserva, se aplicará como sanción la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcione la información. Si los datos son difundidos por algún medio de comunicación, se impondrá a su director, además, una multa de 10 a 30 unidades tributarias mensuales (UTM).
Finalmente, se fija que por lo menos una vez al mes el fiscal designado deberá remitir un informe al fiscal nacional (el que tendrá carácter reservado), al mismo tiempo que el ministro del Interior podrá solicitar tener acceso a dichos informes.
