Informe de Contraloría establece que que seis de cada 10 pesos que aportó el fisco fueron destinados a las 25 instituciones del CRUCh.
El Mercurio
SANTIAGO.- De acuerdo a un análisis de la Contraloría General de la República, en 2014 el Estado transfirió más de US$ 2 mil millones a 151 instituciones de educación superior, a través de financiamiento estudiantil e institucional, más los aportes que realizaron Junaeb, Conicyt, los gobiernos regionales y diversos ministerios.
Si bien en algunos planteles los aportes promedio por estudiante -considerando pregrado y posgrado- fue superior a los $3 millones, 115 de ellas - que aglutina cerca del 57% de la matrícula- recibieron menos de un millón de pesos por alumno, según publica hoy
"El Mercurio".
Asimismo, la información reveló que seis de cada 10 pesos que aportó el fisco fueron destinados a las 25 instituciones del Consejo de Rectores (CRUCh), mientras que los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) percibieron el 5% y 12% de los recursos, respectivamente.
Al respecto, Raúl Figueroa, secretario ejecutivo de Acción Educar, señala que la diferencia muestra "la discriminación en la asignación de recursos públicos a la educación superior", ya que "hay un grupo de universidades que acaparan prácticamente la totalidad de los aportes que entrega el Estado".
El informe de Contraloría también demuestra que $184 mil millones fueron a parar a instituciones conformadas como sociedades privadas en 2014, es decir, CFT e IP que estaban conformados como sociedades y que, por lo tanto, tienen la opción de lucrar. Los recursos llegaron a 77 instituciones, que reúnen a 385 mil alumnos.
En el contexto de la reforma a la educación superior, que al menos para el inicio de la gratuidad en 2016 fijó como requisito que los planteles privados no pueden lucrar, una de las grandes preguntas es qué hacer para que esos planteles puedan cambiar su personalidad jurídica y puedan acceder a la gratuidad.
Ante esto, las mismas instituciones han pedido que el Ejecutivo patrocine un proyecto de ley que les permita cambiar su personalidad jurídica. Así, podrían transformarse en corporaciones o fundaciones, como las universidades.
