Funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, detenidos en la Isla Dawson. Foto aparecida en el libro de Sergio Bitar ''Isla 10''.
SANTIAGO.- La Corte Suprema ratificó la sentencia que ordena al Estado de Chile pagar una indemnización total de más de $4.500 millones a un grupo de prisioneros de Isla Dawson, detenidos entre septiembre de 1973 y septiembre de 1974 en dicho centro de detención política.
La sentencia del máximo tribunal confirma la responsabilidad del Estado por los daños físicos y psicológicos que sufrieron los ex prisioneros del centro de reclusión política, ubicado en la Región de Magallanes.
"Es menester dejar en claro que el fallo asentó como fundamento de la pretensión indemnizatoria el hecho de ser víctimas de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado de Chile, especificándose en cada acontecimiento las datas de sus secuestros, las torturas soportadas, el tiempo que permanecieron privados de libertad y las secuelas que padecen, menoscabos que hasta ahora persisten en todos los ámbitos de su vida", argumenta el fallo.
Asimismo, sustentó su resolución en "la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidos los demandantes, que incluye el tiempo que estuvieron prisioneros, al punto de ser reconocidos como víctimas del Estado chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura" y en "el dolor y aflicción que se les provocó, no solo físico e inmediato sino causante de un estado de vulnerabilidad con efectos permanentes".
Además, estableció como "ilegal" la reclusión de los mismos, la que se llevó a cabo "en una isla del fin del mundo" donde estuvieron sujetos a "los maltratos y la agonía de la incertidumbre de su propia existencia".
Por último, el fallo considera que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles tanto en el aspecto penal, como en el aspecto civil, de acuerdo a la legislación internacional.
