SANTIAGO.- La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente ofreció una salida alternativa al ex presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) Reinaldo Sánchez, contra quien pesan cargos de falsificación de instrumento público y malversación de caudales.
Esto, luego que el Ministerio Público lo vinculara con ciertas irregularidades detectadas en 2007 en la licitación de monitoreo del uso de la Tarjeta Nacional de Estudiantil (TNE) en regiones, donde la Asociación Gremial de Concesionarias de Vías Licitadas del Gran Valparaíso, que preside Sánchez, aparece involucrada.
Ello se concretó el lunes ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que el tribunal suspendió el proceso en su contra a cambio de una serie de requisitos.
Estos incluían el pago de $55 millones y la medida de firma mensual en la comisaría de Viña del Mar durante un año.
De esta manera, una vez cumplido el plazo, y en caso que el empresario microbusero no incurriese en nuevos problemas con la justicia, la causa será sobreseída definitivamente.
En la audiencia, el fiscal
José Antonio Villalobos también ofreció luna salida alternativa a otras tres personas imputadas.
Se trata del ex director de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), Ramón Martínez Ahumada, quien debió pagar $50 millones; y Francisco Navarro Ruiz, quien debió desembolsar una suma total de $180 millones.
También aceptó la suspensión el empresario transportista Federico Giusti Belmar, a cambio del pago de $6 millones 500 mil.
Investigación De acuerdo a los antecedentes reunidos por el fiscal Villalobos, los servicios ofrecidos no fueron concretados por parte de la asociación, sin embargo, fueron cancelados a cambio de la entrega de facturas que certificaban su realización.
Las indagatorias de la Fiscalía Oriente se iniciaron hace ocho años tras una alerta de la Contraloría que detectó ciertas anomalías en los contratos licitados entre la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y diferentes federaciones de transportes que se adjudicaron dichos contratos en regiones para instalar oficinas de atención a usuarios y monitorear el uso de la tarjeta estudiantil.
Sin embargo, esto último no se cumplió a pesar de que fueron cancelados.
