SANTIAGO.- Un equipo interdisciplinario, integrado por abogados, psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales, serán los encargados de darle seguimiento y control -a través del denominado Plan RPA- a 91 casos complejos de jóvenes infractores de ley.
Según explicó la ministra de Justicia, Javiera Blanco –quien presentó el plan junto al ministro del Interior y Seguridad Pública (s), Mahmud Aleuy; el intendente (s) de la Región Metropolitana, David Morales, y la directora nacional del Sename, Marcela Labraña- el seguimiento se hará las 24 horas a jóvenes "que tienen cinco o más condenas en el último año, o que habiendo egresado del sistema de encierro ya tienen tres condenas en el último año".
La secretaria de Estado señaló, además, que el plan arrancará con un total de "91 casos de jóvenes complejos y que en la Región Metropolitana explican una buena parte de los delitos que se están cometiendo".
"El 74% de los infractores ha ingresado una sola vez al sistema, pero tenemos un núcleo duro que ha tenido varios ingresos, la idea es complementar el trabajo que ya se ha hecho con ellos para asegurarnos de que los jóvenes cumplan con la condena y que, además, cumplan con el programa de rehabilitación que se les ha entregado para que puedan reinsertarse", detalló la ministra de Justicia.
Estos casos complejos serán monitoreados las 24 horas del día, a través de una plataforma de información en línea en la que se verificará si los niños, niñas y adolescentes están cumpliendo la ejecución de las sanciones y sus planes de rehabilitación.
"En aquellos casos que no lo han hecho solicitaremos, a través de la Fiscalía, los quebrantamientos ante el tribunal", explicó Blanco.
"Queremos tener hoy día un control 100% respecto de los jóvenes que están cumpliendo condena, esto implica que este equipo multidisciplinar entre Interior, Justicia, Sename e Intendencia Metropolitana va a estar detrás de cada uno de esos jóvenes", adelantó la secretaria de Estado.
Otra de las medidas que contempla el plan RPA es una auditoría a las entidades colaboradoras que están a cargo del cumplimiento de medidas en libertad como la libertad asistida o la libertad asistida especial.
En una segunda etapa, a partir de 2016, el Plan RPA pretende ampliarse a más casos en las regiones de Valparaíso, Biobío y La Araucanía.
