Carlos Santana, El Mercurio
SANTIAGO.- Antes del próximo invierno unas 200 familias que hoy viven en cuatro campamentos ubicados en zonas de riesgo aluvional en Antofagasta serán trasladadas a un barrio de emergencia en el sector norte de la ciudad, en terrenos que serán traspasados por Bienes Nacionales.
Dicho traslado es parte de un plan del Gobierno para tratar de contener el explosivo crecimiento de los asentamientos ilegales en la capital regional. Las primeras personas en ser trasladadas permanecerán en el barrio de emergencia hasta que puedan acceder a una vivienda definitiva, para luego reubicar en el mismo lugar a otros grupos familiares en situación de campamento.
Según los catastros de la municipalidad, los asentamientos ilegales en Antofagasta pasaron en un año de 32 a 53, incluidas seis tomas en caletas del borde costero. En la actualidad, son 5.628 familias las que viven en tomas de terreno, la mayoría emplazadas en los cerros de la ciudad, en circunstancias que el año pasado había solo 2.989 familias en esta situación.
En tanto, según cifras de Techo Chile, el 33% de la población que vive en tomas ilegales corresponde a extranjeros.
Esto ha convertido a Antofagasta es una de las ciudades con mayor número de tomas en el país, lo que contrasta con un PIB per cápita que asciende a US$ 37 mil, similar al de economías desarrolladas como Japón.
Ahora el Gobierno anunció que construirá seis mil viviendas sociales hasta el año 2021 con una inversión total de $173 mil millones.
Víctor Flores, encargado de diseñar el plan de barrio temporal explicó según consigna hoy
"El Mercurio", que "el crear un barrio de emergencia es solo un eje del proyecto que se viene trabajando hace meses y que también considera normas de convivencia, apoyo social, georreferenciación de los asentamientos y encuestas para identificar en qué situación se encuentran las familias".
En paralelo, el gobierno regional firmó un convenio con Minera Escondida, Fundación para la Superación de la Pobreza, Techo Chile, y el Servicio Jesuita a Migrantes para intervenir los asentamientos y generar un sistema de registro y monitoreo al interior de las tomas.
Críticas cruzadas
"Querer desalojar todos los campamentos es simplemente no entender nada del problema" afirmó Volta ante el requerimiento, mientras Berríos sostuvo que "para desalojar primero hay que saber dónde vamos a llevar a la gente, es algo impracticable".
Con todo, la alcaldesa recalcó que su motivación es la seguridad. "Las condiciones en las que están viviendo las personas son indignas. Es gente que no tiene los servicios mínimos de luz, agua y están colgándose del tendido eléctrico. No quiero que esto se transforme en un Valparaíso por un incendio, y es importante que el Gobierno tome cartas en el asunto".
