SANTIAGO.- Revisar la dotación de las policías en la Provincia de Arauco. Ese fue el compromiso que suscribió esta tarde el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, tras recibir al senador de la Región del Biobío, Felipe Harboe; y a los alcaldes de Cañete, Contulmo y Tirúa; quienes viajaron hasta Santiago para manifestarle al Gobierno la preocupación por los hechos delictuales en sus comunas.
Tras una hora de reunión, ambas partes coincidieron en que es necesario reorganizar la estructura de Carabineros en la zona debido a la utilización de recursos policiales para el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por los tribunales.
Sobre este punto, los alcaldes de Contulmo, Cañete y Tirúa señalaron que dichas medidas "desprotegen" la labor de protección en las localidades
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Al respecto, el subsecretario Aleuy explicó que "compartimos el diagnóstico con los alcaldes y el senador. Hay muchos delitos en la Provincia de Arauco que se esconden bajo el rótulo de la legítima causa mapuche para cometer ilícitos" y agregó que "le pediré al Comité Policial del próximo lunes que construya un plan que permita entregarle mayor tranquilidad a la población en zonas urbanas".
Piloto de Plan Cuadrante Rural en Arauco
La reunión con los alcaldes se enmarca en el trabajo iniciado la semana pasada, cuando el subsecretario Aleuy encabezó en Lebu un comité policial provincial junto a alcaldes y al fiscal regional del Biobío, Julio Contardo.
En la cita, el Gobierno, las policías y las autoridades comunales se comprometieron a confeccionar un piloto de plan cuadrante rural –similar al que opera en ciudades- con el objetivo de focalizar y acelerar la intervención policial en zonas afectadas por hechos delictuales.
Debido al trabajo coordinado entre el Gobierno, las policías y el Ministerio Público, se han desarticulado diferentes bandas criminales que usan la legítima causa mapuche para cometer ilícitos vinculados al robo de madera y abigeato.
Esta labor se ha traducido en el decomiso de 10 camiones, 23 vehículos y 1000 metros cúbicos de madera.
Por estos hechos, el Gobierno Regional ha presentado 10 querellas y se ha formalizado a 31 personas.
