SANTIAGO.- El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Zepeda Arancibia, dictó condena en contra de un ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y ex miembros de la denominada Colonia Dignidad, por su responsabilidad en 50 delitos de secuestro calificado cometidos en 1975.
En su resolución, el ministro Zepeda condenó a penas de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada, al ex agente de la DINA Fernando Gómez Segovia, y a los ex miembros de la Colonia Dignidad, Kurt Schenellemkamp Nelaimischkies y Gerhard Mücke Koschitze, como autores de los secuestros calificados de 50 personas, en las ciudades de Talca y Parral.
El magistrado logró determinar que las víctimas fueron detenidas en distintos puntos de la Región del Maule, entre abril y junio de 1975, y conducidas hasta el recinto de Colonia Dignidad, dirigido entonces por el colono alemán Paul Schäfer.
"Dichas personas fueron trasladadas hasta "Colonia Dignidad", predio situado al oriente de la ciudad de Parral y en el cual operaban agentes de estado, determinadamente, efectivos pertenecientes la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) junto a colonos residentes en esa colonia alemana, colaboradores éstos de aquéllos", sostiene el fallo.
"(…) una vez en "Colonia Dignidad", durante su encierro, en el que permanecen atados de pies y manos y con la vista vendada, las víctimas fueron interrogadas bajo tortura, consistente principalmente en la aplicación de corriente eléctrica en diversas partes sensibles del cuerpo, más golpes de pies y puños", añade la resolución condenatoria.
"Algunos de los afectados fueron dejados en libertad en los alrededores de la ciudad de Talca, cerca de sus moradas, mientras que otros fueron trasladados por los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), a los centros de prisioneros que ésta mantenía en la ciudad de Santiago", abunda.
En el aspecto civil, la resolución acogió las demandas civiles presentadas por las víctimas y familiares, condenando al Estado de Chile a pagar solidariamente con los victimarios, indemnizaciones por concepto de daño moral a cada demandante o grupo de demandantes.
