Sergio Collao, El Mercurio
SANTIAGO.- "Los ministerios de Salud y Hacienda tendrán 90 días desde hoy para dictar los reglamentos que den paso al primer decreto que regirá —esperamos, a más tardar, a partir de octubre de este año— hasta el 31 de diciembre del 2016".
La Presidenta Michelle Bachelet anunciaba así los plazos para implementar la ley que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo —también llamada "Ricarte Soto"— el día de su promulgación, el 1 de junio pasado.
Uno de los puntos que destrabaron la discusión de la norma —aprobada el 20 de mayo para que esta fuese anunciada al día siguiente por la Mandataria, en su cuenta pública ante el Congreso— fue el compromiso del Ejecutivo de adelantar su vigencia para el último trimestre de 2015.
Sin embargo, la ley aún no comienza a regir y en Salud reconocen que el plazo podría extenderse incluso hasta el próximo año, señala "El Mercurio" en su edición de hoy.
El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, explica que los primeros reglamentos que harán operativa la norma cumplieron con el plazo de 90 días y están desde septiembre en Contraloría para su aprobación (aunque uno de ellos fue retirado para corregirlo, aunque luego fue reingresado).
No obstante, el ente fiscalizador no tiene plazo para la toma de razón, aunque en Salud estiman que debiese ser de alrededor de cuatro meses, que se cumplen en enero de 2016.
Pero, además, se requiere un decreto con la lista de enfermedades cubiertas, que aún no están definidas. "Estamos trabajando para sacar ese decreto en octubre y tenerlo firmado por la Presidenta. Obviamente, para poder entrar en vigencia, debe estar tomado de razón por Contraloría y ese es un tiempo que nosotros no manejamos, pero pensamos que podríamos tenerlo entre fines de noviembre y diciembre", aseguró Burrows.
La definición de estas enfermedades —serán cerca de una decena— también depende de otro factor: cuando la ley entre en vigencia, los tratamientos podrán ser exigidos inmediatamente por los pacientes que cumplan con los requisitos. Y como requieren fármacos de alto costo y poca oferta en el mercado, será necesario saber realmente si se podrá contar con ellos.
El retraso genera molestia entre parlamentarios. Acusan que no se cumple con el compromiso de apurar su entrada en vigencia y que los pacientes siguen financiando los tratamientos de su bolsillo. La diputada independiente Karla Rubilar advierte que "(las autoridades) debieron tener presupuestados los tiempos administrativos antes de generar expectativas en la población. Se dijo que no pasaba de octubre, que nadie más tuviera que seguir haciendo bingos y completadas, pero siguen a la orden del día. Es la forma más dolorosa de jugar con la gente".
Para el senador Francisco Chahuán (RN), "aquí se generaron expectativas en los pacientes, se llegó a un acuerdo y apuramos el tranco de la tramitación, aunque teníamos reparos".
La senadora Carolina Goic (DC) apunta a que "ojalá la Contraloría, que tiene tiempos que uno no maneja, pueda tramitar los reglamentos con la mayor celeridad posible".
Los pacientes también están preocupados. Myriam Estivill, directora de la Fundación de Pacientes con Enfermedades Lisosomales, dice que "si esto no ocurre en el tiempo comprometido, tendrán que dar las razones".
La vocera de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes, Cecilia Rodríguez, añade que "entendemos que hay plazos que pasan por temas formales, pero también hay que entender que de esto depende la salud de muchas personas".
Cuando se promulgó la ley, se destinaron $30 mil millones para este año, recursos que podrían quedar sin gastarse. Las asociaciones de pacientes han planteado su inquietud a las autoridades de Salud, quienes les respondieron que si el dinero no se gasta este año, se sumará a los $60 mil millones disponibles para 2016.
