SANTIAGO.- El Consejo de Defensa del Estado CDE se querelló este martes contra el senador Jaime Orpis por los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos.
Ello, en el marco del denominado caso Corpesca, que persigue presundos delitos tributarios relacionados con el financiamiento irregular de campañas políticas.
El libelo fue ingresado durante esta jornada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que ahora deberá pronunciarse respecto a la admisibilidad del mismo.
La acción judicial, además, incluye al ex gerente de la empresa que controla el grupo Angelini, Francisco Mujica, por el delito de soborno.
Según se detalla en el documento, Orpis entre los años 2009 y 2013 se contactó con Mujica, quien pagó al parlamentario mediante el uso de boletas ideológicamente falsas por servicios inexistentes emitidos por Alexis Ramírez, Carolina Gacitúa, y Marcelo Ramírez, una suma que alcanza los $94.737.900 cuyo fin único era justificar la transferencia de fondos que fueron en beneficio del parlamentario para que éste favoreciera los intereses de Corpesca en la tramitación de la denominada Ley de Pesca.
"Lo anterior, a fin de concretar, asegurar, proteger y beneficiar los intereses de particulares en la tramitación de la mencionada ley concurriendo con su voto y gestión a la aprobación de la misma, sin declarar que a la época de su tramitación y votación recibía periódicamente sumas de dinero de la empresa Corpesca mediante el mecanismo antes descrito", detalla la querella.
El viernes, en tanto, la Fiscalía Nacional pidió el desafuero de Orpis con la intención de de pedir medidas cautelares para el legislador ante una inminente formalización, ya que al contar con fuero parlamentario, el Ministerio Público se encuentra imposibilitado de pedirlas.
Los hechos
El parlamentario es indagado por cohecho, fraude al fisco y lavado de activos por pagos emitidos desde la empresa Corpesca a su asesores y cercanos.
Por ello, se presume que el senador por Tarapacá y Arica y Parinacota habría incurrido en delitos tributarios, ya que los dineros recibidos habrían sido utilizados para -además- financiar irregularmente su campaña política, específicamente las deudas que éste habría adquirido durante el periodo electoral.
Según se ha establecido en la investigación -de acuerdo a la contabilidad de la firma- los pagos se habrían registrado de manera constante entre los años 2009 y 2013, por montos -en su mayoría- de $2 millones.
También se detectaron transferencias de $5 millones y $10 millones.
Estos pagos se habrían realizado a través de boletas de terceros por servicios que se indagan ya que, según las primeras pesquisas, no se habrían prestado.
