"Los abogados que nos captaron como clientes, se hicieron socios nuestros sin nosotros buscarlo, perjudicándonos", dijo Luis Urzúa.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- Por estafa calificada, apropiación indebida, contrato simulado y prevaricación, en perjuicio de los "33" de Atacama, se querellarán este lunes nueve de los mineros que sobrevivieron sepultados durante 70 días a 700 metros de profundidad en 2010.
Según confirmó
Emol, la acción judicial será ingresada a las 12:00 horas ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago por el jurista Alejandro Peña, quien representa a
Luis Urzúa, Juan Carlos Aguilar,Jorge Galleguillos, Víctor Zamora, Richard Villarroel, Osmán Araya. Mario Gómez, Claudio Acuña y Ariel Ticona.
De acuerdo al libelo, los abogados Remberto Rodrigo Valdés Hueche y Fernando Darío García O´Nell -este último vinculado al estudio Carey- habría incurrido en dichos ilícitos mediante una serie de maniobras fraudulentas y engañosas para inducir a error a los 33, haciéndoles creer que tendrían una sociedad administrada por ellos, para, en definitiva, perjudicarlos y apropiarse de partidas de dinero que les corresponden.
Según se detalla en el documento, los mineros fueron contactados por Valdés antes de su rescate, pero fue en diciembre de 2010 -durante el viaje de los sobrevivientes a Santiago para participar de la Teletón- cuando se reunieron con los profesionales en Estudio de Abogados Carey.
Dos días antes del encuentro, agrega la querella, los querellados habían creado una sociedad, MSJ, emulando el nombre de la mina San José, la que quedó constituida por Remeberto Valdés y una sociedad vinculada al estudio Carey, liderada por Fernando García O´Nell.
Dicha reunión habría estado marcada por la orden de los abogados, quienes les habrían informado a los mineros que sino firmaban en 30 minutos, no habría ni libro ni película.
Posteriormente, según se explica en el libelo, los querellados crearon PIM, una sociedad por acciones en la cual -por medio de engaños- se les hizo creer a los 33 de Atacama que ellos tendrían en el control de ésta, sin embargo, ella era dirigida por Valdés y García, quienes a fines de diciembre de 2010 se nombraron directores de la sociedad, quedando los mineros sin acceso a los movimientos financieros y actas de sesiones de directorio, entre otras actividades.
Al respecto, Luis Urzúa explicó que "los abogados que nos captaron como clientes, se hicieron socios nuestros sin nosotros buscarlo, perjudicándonos".
"Hoy, Valdés -a través de sus colaboradores- continúa controlando todos los flujos asociados a nuestras historias de vida y en los hechos, se comporta como dueño de ellas", agrega.
Por ello, aclara que la acción judicial "no es contra nuestros demás compañeros, tampoco contra la película", puntualizando que "sólo es un intento por devolver la historia de la mina San José a sus 33 protagonistas".
