Cristian Soto, El Mercurio
SANTIAGO.- Los cambios que el Gobierno estudia para el sistema de isapres pueden tener efectos inesperados, según las proyecciones que el director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez, presentó ayer ante la comisión de Salud del Senado.
En particular, a los parlamentarios les llamaron la atención los movimientos de afiliados entre un sistema y otro, de acuerdo con el precio que se le atribuya al plan universal de salud, definido como Conjunto de Beneficios de Salud (CBS), se señala en
"El Mercurio" de hoy.
Según el cálculo expuesto por Sánchez, en un escenario en el que un plan de salud cueste $27.600 mensuales por persona, habrá 231.122 afiliados del sector privado que no podrán financiarlo y se verán obligados a migrar al Fonasa.
En cambio, desde el seguro público de salud llegarían a las isapres 1.328.644 cotizantes. En total, más de 1,5 millones de personas verían alteradas sus coberturas y pagos.
A medida que el precio del plan que se pretende crear aumente —y que incluirá todo el arancel Fonasa, la Ley de Urgencia, el plan AUGE y las licencias médicas, con una cobertura supuesta de 80% en ámbito hospitalario y de 60% en ambulatorio—, el número de traslados cambia.
Así, con un precio de $44 mil, unos 165 mil usuarios de isapres saldrían hacia Fonasa, mientras unos 259 mil usuarios de este último pasarían al sector privado.
Según la hipótesis de Sánchez, "se debe pensar en un proyecto más integral, sin llegar a una reforma total o finalista. En caso contrario, hay muchas consecuencias", expresó en su presentación.
Según la presidenta de la comisión de Salud, senadora Carolina Goic (DC), "hay que limitar los abusos de las isapres; pero eso se debe hacer en paralelo al fortalecimiento del Fonasa como seguro público, porque si no, el riesgo que corremos es que solucionaremos el tema de las isapres, pero desfinanciaremos, con la migración de aportantes al Fonasa, el seguro público".
