SANTIAGO.- A 24 horas de asumir la indagatoria penal por la colusión del papel tisú, el fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, confirmó que "las primeras diligencias que dicté este lunes dicen relación con recabar la información pertinente, tanto de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) como del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), ya que estos antecedentes nos van a dar el marco investigativo y la línea de las próximas diligencias".
La FNE presentó, la semana pasada, un requerimiento ante el tribunal contra ambas compañías -CMPC Tissue y SCA (ex Pisa)- por haber formado un cartel durante más de 10 años para asignarse cuotas de participación de mercado y fijar el precio de venta de sus productos tisú.
Estas conductas habrían comenzado en 2000 y se habrían extendido hasta, al menos, 2011.
El Ministerio Público indaga hechos desde 2005 en adelante, lo que puede plantear la duda sobre si corresponde a la fiscalía o a la justicia antigua investigar el caso. En este último escenario, correspondería que se designara por parte de la Corte un ministro en visita.
Consultado por esta posibilidad, el fiscal Galdames dijo que atendido el poco tiempo transcurrido desde el inicio de la causa penal y su reciente nombramiento, no podía dar, por ahora, una respuesta en materia de competencia.
El investigador solo comentó escuetamente a
"El Mercurio" que "son temas que están pendientes, que vamos a tener que ver durante la investigación". Y lo mismo planteó cuando se le preguntó por plazos de prescripción.
Interrogatorios a ejecutivos
La FNE y el tribunal cuentan con correos electrónicos entre ejecutivos, detalle de reuniones entre ellos y registros de llamadas de teléfonos de prepago con los que se comunicaban, entre otros antecedentes.
Con esta información en manos del Ministerio Público, se activaría una segunda etapa de diligencias: los interrogatorios.
Ante la eventual citación de Eliodoro Matte, presidente de la CMPC, el investigador explicó que "todas las personas que, de una u otra forma, están ligadas con ambas empresas, son susceptibles de ser citados a declarar a la fiscalía". Aclaró sí que no hay plazos establecidos para ello.
Respecto de otros delitos que pudieran configurarse, distintos de la alteración fraudulenta de precios denunciada por los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD), el fiscal comentó que "va a depender de los antecedentes que logremos recabar durante el resto de la investigación".
En el delito denunciado, advirtió que la pena máxima que fija el Código Penal, en abstracto, es de tres años.
CMPC Tissue tiene operaciones -además de Chile- en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.
Con SCA representan cerca de 90% del mercado de papeles tisú y sus ventas anuales suman unos US$ 400 millones.
Esta última perteneció, hasta 2012, al empresario Gabriel Ruiz-Tagle, ex presidente de Blanco y Negro, ex ministro de Deportes del gobierno de Sebastián Piñera.
