SANTIAGO.- Anoche, luego de diez días, culminó el plazo para presentar las postulaciones al cargo de fiscal jefe de la zona metropolitana Occidente y reemplazar a la fiscal Solange Huerta.
Quien la suceda, deberá asumir las investigaciones del denominado caso Tsunami -que persigue a todos quienes resulten responsables de cuasidelito de homicidio por su presunta responsabilidad la fallida alerta de maremoto tras el megasismo registrado en la zona centro sur del país la madrugada del 27 de febrero de 2010- cuya audiencia preparatoria de juicio está programada para el 15 de diciembre.
Asimismo, deberá encabezar el caso Basura, que indaga presuntos actos de corrupción que tienen relación con actos de asociación ilícita, fraude al fisco, cohecho, malversación de fondos públicos y lavado de dinero ocurridos en los municipios de Maipú y Cerro Navia.
De esta manera, son diez los abogados que entran en competencia para asumir el cargo por un periodo de ocho años.
Se trata del fiscal del caso SQM, Emiliano Arias; el fiscal jefe de Maipú, Tufit Bufadel; el fiscal jefe de la Fiscalía Local Especializada de Delitos Antinarcóticos y Crimen Organizado de la Fiscalía Sur, Héctor Barros; el fiscal jefe de Curacaví, Luis Cáceres; y la coordinadora de la Unidad de Corte de Fiscalía Occidente, Yasna Ríos.
A ellos se suman el fiscal jefe de la Unidad de Robos de la Fiscalía Sur, Francisco Bravo; la abogada de la Unidad de Corte de la Fiscalía Centro Norte, Paula Falcón; la jefa de la División de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Nacional, Marcela Neira; el ex fiscal regional de O’Higgins, José Luis Pérez Calaf; y el jefe de la Unidad de Corte de la Fiscalía Sur, Miguel Concha.
Ahora, la Corte de Apelaciones de Santiago y San Miguel deberá votar la terna que será presentada al fiscal nacional, que elegirá el nombre del nuevo fiscal regional metropolitano occidente.
Los aspirantes debían cumplir ciertos requisitos como tener derecho a sufragio, haber cumplido 30 años de edad, tener a lo menos cinco años el título de abogado y no encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
