Desde que se anunció la gratuidad, parlamentarios de la Democracia Cristiana han manifestado sus reparos frente a la propuesta. Esto, bajo el argumento de que es "discriminatoria" al excluir a una gran número de alumnos vulnerables que por asistir a CFT o IP que no cumplen con los requisitos fijados por el Gobierno quedarán excluidos en 2016. Hace unos días, la colectividad emitió una declaración en la cual advirtió su rechazo a la glosa en caso que el Ejecutivo no ingrese cambios a la propuesta. Incluso, ayer se reunieron con el ministro de Hacienda para destrabar el conflicto. ¿Qué cambios sugieren? que el Gobierno permita a los CFT e IP con fines de lucro cambiar su personalidad jurídica para acceder al beneficio con el fin de incluir a más estudiantes.
Si bien la mayoría de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) adscribirá a la gratuidad, hay "preocupación" respecto a los recursos que recibirán en 2016. Esto, porque tras el mecanismo que definió el Mineduc para financiar a los planteles, se ha dicho que al menos siete universidades tendrán mermas en sus presupuestos, y que posiblemente las Ues regionales serían las más afectadas.Además, ha trascendido que se podría bajar el umbral de beneficiarios de un 50% a un 40% con el fin de redistribuir mejor los recursos o incluir a otras instituciones, lo cual fue rechazado por los rectores. Con todo, el CRUCh declaró que no es partidario de que la gratuidad parta sólo en las Ues estatales, pero sí reafirmaron que el beneficio debe comenzar sí o sí en 2016, tal como lo comprometió el Gobierno.
Los parlamentarios de la coalición opositora han expresado desde un comienzo su posición frente al tema: ampliar el universo de becas por sobre la gratuidad, al menos, para 2016. Asimismo, han dicho que la propuesta del Gobierno es "discriminatoria arbitraria" y que no se está financiando a los alumnos más vulnerables del país, porque se excluye a un gran número que asiste a los CFT e IP. Incluso, han advertido acudir al Tribunal Constitucional (TC) al plantear que la glosa presupuestaria podría ser inconstitucional. Ayer en tanto, tras una reunión del bloque "Chile Vamos", los parlamentarios emplazaron a la DC a rechazar esta glosa en el Congreso.
La gratuidad contempla una inversión de $536.620.149 para el próximo año. De esa cifra, 177 mil millones (US$ 252 millones) corresponden a recursos extras para financiar este beneficio, y en total, el presupuesto para la educación superior es de US$ 12.508 millones, lo que representa un crecimiento de un 16,7% en relación al presupuesto destinado para este año. Pese a los datos duros, se ha planteado la inquietud de aumentar los recursos. No obstante, el ministro de Hacienda aseguró que no habrá dineros extras para la política de la gratuidad, aunque aseguró que se podría trabajar en base a "reasignaciones".