Los cinco diputados que integrarán la comisión fueron elegidos al azar.
Aton Chile.
SANTIAGO.- Tras un sorteo al alzar realizado este jueves en la Sala de la Cámara, la corporación eligió a los cinco diputados que integrarán la comisión que analizará la acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Carmen Castillo, quedando ésta integrada sólo por representantes de la Nueva Mayoría.
Del sorteo quedaron excluidos los diputados que firmaron la acusación y los miembros de la mesa de la corporación.
La acción presentada por la oposición dice relación con supuestas infracciones a la Constitución por parte del Minsal, la deuda hospitalaria, retrasos en infraestructura, leyes Auge y Ricarte Soto, entre otras materias.
El objetivo de la recién designada comisión será pronunciarse sobre la admisibilidad de la acusación constitucional.
Tras la designación de la comisión, al diputada Hernando se refirió a la conformación de la instancia señalando que "el azar es así y la última vez que se sorteó una comisión similar fue todo lo contrario, salieron cinco personas de la oposición. Lo importante es que hoy cada uno de nosotros tiene que tratar de llegar lo más despejado de prejuicios posibles y revisar el mérito de la acusación".
Ya al momento de la votación, se escuchaban reclamos desde la oposición por la falta de parlamentarios de su sector y de la DC en la instancia.
Los pasos del proceso
Desde hoy comienza a regir el plazo para notificar a la ministra Castillo, quien tendrá luego diez días para formular sus descargos.
Una vez notificada la ministra, la comisión se constituirá y luego contará con seis días para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ésta. La instancia partirá desde la fecha de comparecencia de la ministra o desde que se hubiere acordado proceder sin su defensa.
Luego, la Sala de la Cámara deberá convocarse para conocer y votar la acusación.
En caso de que sea aprobada, la acción luego será revisada por el Senado el cual deberá someter el libelo a una nueva votación. Si la Cámara Alta decide aprobarlo, esto provocará la destitución de la secretaria de Estado de su cargo y la imposibilidad para que ejerza cargos públicos por cinco años.
En los últimos años, el Senado ha aprobado la destitución de los ex ministros de Educación, Yasna Provoste en 2008 y Harald Beyer en 2013.