SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia de primera instancia y la multa por 20 mil UF aplicada a la ex gerenta de La Polar, María Isabel Farah Silva, por su responsabilidad en una serie de operaciones irregulares en la gestión de la empresa del retail.
En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Marisol Rojas, Tomás Gray y la abogada (i) Claudia Chaimovich– rechazó el recurso de reclamación presentado en contra de la sanción aplicada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), en marzo de 2012.
La resolución del tribunal de alzada determina que la sanción se encuentra ajustada a la ley, debido a las graves irregularidades detectadas en la investigación que realizó el organismo regulador y que justificaron la aplicación de la multa.
"Esta Corte es del parecer que, tanto la participación como el conocimiento de la señora Farah en los hechos establecidos tanto en el procedimiento administrativo y que se exponen en la resolución reclamada así como los argumentos esgrimidos por la señora juez a quo, resultan suficientes para estimar, que la prueba rendida en el juicio que se revisa, resultó insuficiente -por las razones que se esgrimen latamente en el fallo, específicamente, en los motivos décimo octavo a trigésimo tercero-, para desvirtuar lo decidido por la Superintendencia de Valores y Seguros en el procedimiento administrativo y que terminó con la aplicación de la multa, materia de la reclamación", sostiene el fallo.
Paralelamente, Farah enfrenta una causa penal junto a otros tres ex directivos de La Polar acusados por la Fiscalía Centro Norte por diferentes delitos cometidos en el marco de las polémicas repactaciones unilaterales que realizó la entidad entre los años 2006 y 2011.
Esta podría llegar a su fin el próximo 14 de diciembre, instancia en la que discutirá un procedimiento abreviado para todos los acusados y de esta manera, evitar un juicio oral.
Ello, a cambio del reconocimiento -por parte de los acusados- de todos los hechos que les atribuyó el Ministerio Público, que pidió penas de cárcel en su acusación.
