La audiencia se llevó a cabo este miércoles.
Andrea González, Emol
SANTIAGO.- En cuatro meses se amplió este miércoles el plazo de investigación en el denominado caso Penta, que persigue presuntos delitos de soborno, lavado de activos y delitos tributarios vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas.
Ello, luego que el 8º Juzgado de Garantía de Santiago aceptara la solicitud de la Fiscalía Nacional tras previo acuerdo entre las partes.
Lo anterior, atendido a la complejidad de la causa y a las diligencias pendientes, ya que -según detalló el fiscal Pablo Norambuena- "el plazo es el necesario para seguir indagando y poder seguir reuniendo los antecedentes suficientes para poder acreditar la existencia de los delitos y también las participaciones criminales".
En la instancia, además, el Ministerio Público formalizó a cuatro empresas por el delito de soborno que tiene relación con pagos emitidos a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) Iván Álvarez y Juan Martínez, quienes se encuentran formalizados en la causa.
Se trata de Inversiones Penta III y de Penta Sociedad Anónima, que a su vez absorbió en una fusión a Inversiones BanPenta S.A., razón por la cual el representante legal de dichas empresas -de propiedad del grupo Penta- fue asumida por Óscar Buzeta.
También fueron imputadas las firmas de propiedad del ex gerente del holding, Hugo Bravo, quien fue imputado en representación de Administración e Inversiones SantaSarella Limitada e Inversiones y Asesorías Challico Limitadas.
Por el hecho de que quienes fueron formalizados corresponden a personas jurídicas, en la instancia no se solicitaron medidas cautelares.
Las condenas que arriesgan dichas sociedades, en tanto, van desde multas hasta la disolución de las empresas.
