SANTIAGO.- Durante la jornada de este jueves, el fiscal de Caldera, Álvaro Córdova Carreño, se reunirá con el abogado Alejandro Peña en el marco de la querella que éste último patrocina por estafa calificada, apropiación indebida, contrato simulado y prevaricación, en perjuicio de los "33" mineros de Atacama.
La cita está programada para las 11:00 horas en dependencias del Ministerio Público de esa ciudad, luego que la semana pasada el Juzgado de Garantía de la zona aceptara tramitar la causa tras la incompetencia del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que aludió al principio de ejecución de los hechos.
Dicha diligencia será clave para los próximos procedimientos a cargo de la Fiscalía de Caldera, que ya recibió todos los antecedentes del caso que en Santiago estuvo en manos del fiscal Marcelo Acuña.
La acción judicial fue ingresada el lunes 2 de noviembre por Luis Urzúa, Juan Carlos Aguilar, Jorge Galleguillos, Víctor Zamora, Richard Villarroel, Osmán Araya. Mario Gómez, Claudio Acuña, Ariel Ticona y Edison Peña.
Los trabajadores acusan a los abogados Remberto Rodrigo Valdés Hueche y Fernando Darío García O´Nell -este último vinculado al estudio Carey- de haber incurrido en una serie de maniobras fraudulentas y engañosas para inducir a error a los "33", haciéndoles creer que tendrían una sociedad administrada por ellos, para, en definitiva, perjudicarlos y apropiarse de partidas de dinero que les corresponden.
Según se detalla en la querella, los mineros fueron contactados por Valdés antes de su rescate, pero fue en diciembre de 2010 -durante el viaje de los sobrevivientes a Santiago para participar de la Teletón- cuando se reunieron con los profesionales en Estudio de Abogados Carey.
Dos días antes del encuentro, agrega la querella, los querellados habían creado una sociedad, MSJ, emulando el nombre de la mina San José, la que quedó constituida por Remeberto Valdés y una sociedad vinculada al estudio Carey, liderada por Fernando García O´Nell.
Dicha reunión habría estado marcada por la orden de los abogados, quienes les habrían informado a los mineros que sino firmaban en 30 minutos, no habría ni libro ni película.
Posteriormente, según se explica en el libelo, los querellados crearon PIM, una sociedad por acciones en la cual -por medio de engaños- se les hizo creer a los 33 de Atacama que ellos tendrían en el control de ésta, sin embargo, ella era dirigida por Valdés y García, quienes a fines de diciembre de 2010 se nombraron directores de la sociedad, quedando los mineros sin acceso a los movimientos financieros y actas de sesiones de directorio, entre otras actividades.
