Sergio Collao, El Mercurio (archivo)
SANTIAGO.- Cuando se tramitó la ley que crea un sistema de protección financiera para tratamientos y diagnósticos de alto costo, también llamada "Ley Ricarte Soto", se introdujeron una serie de cambios a distintos cuerpos legales, entre ellos, al Código Sanitario, para que las distintas normas estuvieran en sintonía.
Pero cuando esta ya estaba casi lista para su despacho (tras una acelerada discusión, de solo dos meses), se advirtió un error que no habían visto antes senadores, diputados, el Ministerio de Salud ni la Secretaría General de la Presidencia y que, en ese momento, se dejó pasar, pero que ahora el Ejecutivo espera subsanar con el envío de un nuevo proyecto de ley que ingresó al Congreso esta semana.
El problema se dio porque uno de los artículos de la "Ley Ricarte Soto" disponía que en el Código Sanitario se prohibiera todo tipo de incentivos para evitar la inducción de ciertos medicamentos a los pacientes -práctica conocida como "canela"- por parte de "cualquier persona".
Pero esa última frase fue ampliamente discutida en el Senado pues, sostuvieron en su momento los parlamentarios, se podría aplicar incluso a un paciente que se dirigiera a comprar a una farmacia en su condición de consumidor.
El subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, explicó a
"El Mercurio" que lo que se hizo, entonces, fue realizar el cambio a través de la secretaría, que es algo que comúnmente se hace, de acuerdo a lo conversado con los senadores. Sin embargo, cuenta que "hubo varios cambios realizados por la secretaría en términos de redacción que de alguna manera fueron más allá de lo que tenía el texto y de lo acordado con los parlamentarios".
Uno de ellos fue que a la frase "cualquier persona" se añadió la oración "que participe en la venta". El problema es que esa redacción, reconoce ahora el Ejecutivo en el proyecto enviado al Senado, "implicó la reducción del ámbito de aplicación de la prohibición a un punto no deseado" porque se estaría permitiendo que, por ejemplo, un laboratorio pueda pagar, regalar, entregar servicios o beneficios económicos a personas, asociaciones de pacientes o médicos, para que privilegien determinado producto, siempre que este no participe en la venta.
Por eso, el proyecto enviado ahora, explica Burrows, "clarifica el tema de la 'canela' (...). No se elimina ni se aumenta, sino que se busca dejarla en un fraseo más claro para que no haya error de interpretación después. El sentido y el espíritu de la prohibición de la 'canela' es que no haya un estímulo al vendedor que va a provocar que el paciente termine pagando más o teniendo menos alternativas de comprar medicamentos que son más baratos porque hay un conflicto de interés por parte del vendedor".
Los parlamentarios están al tanto de la situación y es por eso que el subsecretario afirma que el nuevo proyecto, que tiene solo dos artículos, "va a tener un trámite bastante expedito, porque en ambas comisiones de Salud (de la Cámara y del Senado) están enterados de que es la corrección de un error".
