SANTIAGO.- En medio de la incertidumbre por el futuro de la gratuidad en la educación superior -enfrenta un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC)-, el rector de la U. Diego Portales, Carlos Peña, se reunió ayer con autoridades del Mineduc para conocer los últimos detalles de la política, ya que su plantel cumple las exigencias para acceder al beneficio.
Tras la cita, Peña confirmó que deberá "asumir un coste de aproximadamente $2 mil millones al año si decidiera adherir a la gratuidad", información que es "coincidente con la que nosotros manejábamos".
El rector explicó a
"El Mercurio" que estos datos serán determinantes para que el plantel zanje si ingresa a la gratuidad o no, para lo cual tiene plazo hasta el 22 de diciembre. La decisión será tomada por el Consejo Académico y el Consejo Directivo.
La Alberto Hurtado no coincide con las cifras
También se reunió con el Mineduc el rector de la U. Alberto Hurtado, Fernando Montes. El plantel es otro de los privados que pueden acceder a la gratuidad. En este caso no hubo acuerdo sobre la brecha: el ministerio la cifra en $1.000 millones, mientras que la casa de estudios asegura que el déficit será de $1.400 millones. Ante ello, acordaron seguir intercambiando información durante la próxima semana.
Según Montes, para su plantel es importante acceder a la gratuidad, "porque tenemos muchos alumnos a los que les hará muy bien recibir educación gratuita, y para demostrar con hechos que no deben quedar universidades excluidas por principio".
En esa línea, aplaude que el requerimiento de Chile Vamos ante el TC busque "que se hagan leyes estables y normas y controles para todos". Critica, no obstante, lo que a su juicio fue una "tardanza" en plantear el tema. "A la oposición le creería su hubiese tenido la misma fuerza para cuestionar al CRUCh (...) La discriminación no la va a crear esta glosa, ya existe, pero me hubiera gustado que esto se hubiese planteado desde un comienzo", aseguró.
Sobre el requerimiento, Carlos Peña planteó que la glosa contiene "voluntad política del Estado de tratar preferentemente a instituciones que satisfacen determinadas características, que por razones de bienestar social al Estado le interesa promover". Por lo que "así entendida, no me parece que sea inconstitucional".
