SANTIAGO.- Esta semana se realizarán las audiencias públicas en las que distintos actores ligados al ámbito educacional podrán exponer a favor o en contra de la gratuidad, días previos a que el Tribunal Constitucional (TC) emita su sentencia
tras el recurso presentado por parlamentarios de la oposición para impugnar el beneficio.
Durante estos días, rectores, diputados, alcaldes y fundaciones, entre otros, llegaron hasta las dependencias del organismo, ubicado en avenida Apoquindo, para solicitar ser parte de las ponencias fijadas para este miércoles 9 de diciembre, un día antes de que el Gobierno y los parlamentarios de la oposición realicen sus alegatos sobre la materia.
Se trata de los diputados del
Partido Comunista (PC),
Camila Vallejo y Daniel Núñez, quienes serán representados ante el organismo por un abogado -aún por definir-, instancia en la que argumentarán a favor de la gratuidad.
Por otro lado, figura la Fundación Jaime Guzmán -a la cual pertenece también el diputado de la UDI Jaime Bellolio, principal impulsor de la impugnación- quien se presentará con el abogado Máximo Pavez a favor de impugnar el beneficio.
La Corporación de Universidades Privadas (CUP) también estará presente durante la jornada de audiencias, así como la Universidad de SEK. El abogado Hernán Vodanovic argumentará en representación de ambas entidades.
Quien solicitó exponer personalmente ante el TC fue el rector de la U. Alberto Hurtado, Fernando Montes, debido a que el plantel estaría contemplado en el beneficio que inicia el próximo año. No obstante, de impugnarse la glosa de la gratuidad, el Gobierno advirtió que podría favorecer sólo a las instituciones estatales, por lo que quedaría fuera.
En esa misma línea, el vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, inscribió a la entidad durante esta mañana, junto con presentar un documento con los puntos que consideran para defender la política de la gratuidad ante el organismo. Serán representados por el abogado del CRUCh, Luis Tapia. También, ingresó una solicitud el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, como presidente del Consorcio de Universidades Estatales (CUECh).
También participarán del proceso el abogado Enrique Aldunate en representación de la bancada del Partido Socialista; el director ejecutivo de la fundación Acción Educar, Raúl Figueroa; el vocero de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones), Ricardo Paredes; el ex ministro de Gobierno, Álvaro Elizalde, en su rol de presidente del Instituto Igualdad y el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados (Vertebral).
Además, expondrán el alcalde de Lo Prado y presidente de la comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gonzalo Navarrete; representantes del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y U. de los Andes; el Consejo de Trabajadores de la Universidades Chilenas (Conatuch); el Consejo Nacional de Instituciones Privadas de Educación Superior (Conifos) y el Foro Universitario.
Los plazos del TC para emitir su fallo
Tras este proceso, fijado para el miércoles 9 de diciembre, el Gobierno deberá realizar su defensa al día siguiente (jueves 10), mientras que la oposición deberá defender su postura respecto a que la gratuidad es inconstitucional.
En tanto, el Tribunal Constitucional cuenta con un plazo de diez días corridos
desde que declaró la admisibilidad del recurso presentado por Chile Vamos -es decir, desde el pasado jueves- que corre hasta el domingo 13 de diciembre. No obstante, puede prorrogar el plazo por 10 días más, por lo que debería emitir su sentencia a más tardar el 23 de diciembre.
¿Por qué la oposición recurrió al TC para impugnar la gratuidad?
En total, 31 parlamentarios de Chile Vamos -entre ellos Jaime Bellolio (UDI), José Manuel Edwards (RN) y Felipe Kast (Evópoli)- ingresaron un requerimiento para impugnar la glosa de la gratuidad, contenida en la Ley de Presupuestos 2016. ¿La razón? los legisladores cuestionan que la política que busca beneficiar a 200 mil alumnos con gratuidad en 2016 se haya tramitado mediante una ley de presupuestos y no en un proyecto aparte, al tratarse de una iniciativa de carácter permanente".
Asimismo, indican que la política "discrimina arbitrariamente" a alumnos vulnerables en igual condición de quienes sí podrán tener gratuidad tras los requisitos fijados por el Gobierno, que sólo contempla a tres universidades privadas y a algunos Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.
¿Qué ocurre si el TC falla en contra del beneficio?
En caso de que el Tribunal Constitucional acoja parte de las impugnaciones que realiza la oposición y la glosa se vea afectada, el Gobierno deberá recurrir a otras medidas para dar continuidad a la promesa presidencial de beneficiar a 200 mil alumnos con gratuidad en 2016, tal como
lo ratificó hace unos días el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz.
Si bien en un comienzo se consideró la idea de enviar al Congreso una "ley corta" para su implementación, con el correr de los días fue descartada la moción y finalmente el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que frente a ese escenario algunas instituciones quedarían fuera y sólo se podría beneficiar a las universidades estatales a través de aportes directos.
