El ministro Jorge Burgos.
El Mercurio (Archivo)
SANTIAGO.- "Ojalá sea lo antes posible", fue la respuesta que entregó el ministro Jorge Burgos al ser consultado si el Gobierno había solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que adelantara el texto del fallo que dictó sobre la glosa presupuestaria de gratuidad en la educación superior en 2016.
En La Moneda confirman que se ha transmitido al TC la importancia de que la integridad del fallo sea dada a conocer ojalá esta semana, pese a que el tribunal esperaba hacerlo el próximo lunes 21, según informa "El Mercurio".
Ese día, según estiman en el Ejecutivo, es el último plazo que tendrían para ingresar una ley corta a la Cámara de Diputados, la alternativa que baraja hasta ahora La Moneda.
Se trata de un problema de tiempos: el Gobierno quiere acelerar al máximo la tramitación de la ley, pues espera que su despacho se realice antes del domingo 27, cuando se den a conocer los resultados de la PSU y se abran las postulaciones para dar claridad a la ciudadanía.
Sin conocer aún las variantes que podría tener el texto del fallo del TC, La Moneda apuesta a beneficiar a los cerca de 140 mil estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh), así como también ampliar las becas para centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP). Dicha situación puede ser resuelta por vía administrativa, mientras que para las universidades privadas, que también podrían ser favorecidas, se requiere una ley corta.
En este contexto, los ministros Burgos, Nicolás Eyzaguirre (Segpres) y Rodrigo Valdés (Hacienda) realizaron ayer una ronda de conversaciones políticas en el Congreso.
El ministro Valdés socializó una fórmula que incluye a estos planteles en reuniones por separado con los presidentes del PPD, Jaime Quintana, y de la DC, Jorge Pizarro, además del senador PS Carlos Montes. La propuesta también fue conversada con el diputado de la UDI Jaime Bellolio con el objetivo de, según explican en el Ejecutivo, contar con el respaldo de la oposición y evitar una segunda impugnación ante el TC.
No obstante, en el Gobierno ven como una dificultad el aunar criterios en el oficialismo. En el PC y sectores del PPD impulsarían la idea de no incluir a planteles privados.
Universidades
En la Nueva Mayoría afirman que la propuesta del Gobierno establece dos requisitos para otorgar gratuidad. El primero apunta a que las casas de estudios cuenten con cuatro años de acreditación, lo que dejaría fuera a tres establecimientos estatales (la Utem, Los Lagos y Arturo Prat) e incluiría a cinco o seis universidades privadas, entre ellas la Adolfo Ibañez, Finis Terrae, Autónoma y Adventista.
El segundo requerimiento pasa por prohibir el lucro dentro del directorio o de la sociedad que controla la universidad.
De acuerdo con personeros oficialistas, el Gobierno además analiza la posibilidad de entregar 20 mil millones de pesos para becas al Inacap. 
