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Corpesca: Corte de Santiago resolverá desafuero de senador Orpis tras rechazar pretensión de la defensa

El tribunal de alzada capitalino se declaró competente para conocer los antecedentes y fallar respecto al fuero parlamentario del legislador.

16 de Diciembre de 2015 | 12:06 | Por Andrea González Schmessane
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La defensa de Orpis pretendía que el tribunal de alzada de Valparaíso fallara sobre su fuero parlamentario.

La Segunda
SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago resolverá finalmente si procede o no desaforar al senador Jaime Orpis, actualmente investigado por la Fiscalía por delitos tributarios, cohecho, fraude al fisco y lavado de activos que se persiguen en el denominado caso Corpesca.

Ello, luego de rechazar la incidencia de la defensa del legislador, que pretendía que el tribunal de alzada de Valparaíso fallara sobre el fuero parlamentario por estimar que el principio de ejecución radicaría en el Congreso Nacional.

En octubre pasado, el Ministerio Público pidió desaforar al parlamentario con la intención de pedir medidas cautelares para el legislador ante una inminente formalización, ya que al contar con fuero parlamentario, el Ministerio Público se encuentra imposibilitado de pedirlas.

El requerimiento fue presentado luego que la investigación que lidera la fiscal Centro Norte, Ximena Chong, estableciera que el legislador y sus cercanos habrían recibido pagos desde la empresa Corpesca por servicios inexistentes en medio de la tramitación de la Ley de Pesca.

Por ello, se presume que el senador por Tarapacá y Arica y Parinacota habría incurrido en delitos tributarios, ya que los dineros recibidos habrían sido utilizados para financiar irregularmente su campaña política, específicamente las deudas que éste habría adquirido durante el periodo electoral.

Según se ha establecido en la indagatoria -de acuerdo a la contabilidad de la firma- los pagos se habrían registrado de manera constante entre los años 2009 y 2013, por montos -en su mayoría- de $2 millones. También se detectaron transferencias de $5 millones y $10 millones.

Estos pagos se habrían realizado a través de boletas de terceros por servicios que no se habrían prestado.
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