Iniciativa contempla también un nuevo sistema de acreditación para las instituciones, que considera cuatro categorías.
El Mercurio
SANTIAGO.- Cambios al financiamiento, acreditación y nuevos criterios para la gratuidad son parte de las propuestas que contempla el Gobierno para la reforma a la educación superior, que debe ser enviada en dos semanas más al Congreso.
De acuerdo a un borrador del proyecto, al que tuvo acceso
"El Mercurio", la iniciativa establece que las universidades estatales pasarán automáticamente al sistema de financiamiento público (gratuidad) , mientras que las privadas que quieran incorporarse deberán estar acreditadas, ser dueñas de sus inmuebles, tener transparencia activa y garantizar participación.
Para financiarlo, el Estado pagará las carreras diurnas y vespertinas a través de un "arancel regulado", fijado por la futura subsecretaría en base a la calidad y localización del plantel, además de la vulnerabilidad de sus estudiantes. Asimismo, se plantea que si algunos alumnos no pueden acceder a la gratuidad podrán costear sus estudios a través de un nuevo crédito, ya que se contempla la eliminación del Crédito con Aval del Estado (CAE).
El texto establece, además, que el Ejecutivo sólo financiará la duración formal de las carreras, es decir, si un alumno se atrasa deberá pagar un porcentaje del arancel regulado a la universidad, y esta correr con el resto. Por ejemplo: si tarda hasta un año más en titularse, deberá pagar el 50% del arancel regulado, pero si se demora tres años más, tendrá que financiar el 100%.
Eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI)
Las instituciones que adhieran a la gratuidad en 2016 se entenderán como "adscritas al Sistema de Financiamiento Público" y tendrán tres años para cumplir con sus exigencias. En tanto, si el plantel desea retirarse, no podrá hacerlo antes de cumplir cinco años desde que notificó su adscripción a la política de gratuidad.
Otra medida que se contempla es la derogación de las leyes que crearon los Aportes Fiscales Directos y los Aportes Indirectos; este último, corresponde a los fondos que reciben las universidades que logran matricular a los mejores puntajes PSU, el cual se reducirá al 50% para el próximo año en el marco de la discusión de la gratuidad.
Esta iniciativa apunta a que las casas de estudio puedan acceder a aportes basales del Estado, que se reorganizarán, con el cual podrán financiar aspectos como la investigación, desarrollo e innovación.
Cambios en la acreditación: se crean cuatro categorías
Respecto a este punto, se exigirá que las instituciones tengan "mecanismos transparentes de participación" de funcionarios y estudiantes, que exista una política que regule el ingreso y salida de los trabajadores y que cuente con una "política de equidad" para el acceso, permanencia y egreso de los alumnos.
También, la reforma crearía un "Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad" -formado por la Superintendencia de Educación, la subsecretaría, el Consejo Nacional de Educación y la agencia de la calidad- el cual reemplazará a la actual Comisión Nacional de Acreditación en la certificación de las instituciones y sus carreras.
En esa línea, se propone que la agencia certifique a las instituciones y a un conjunto de carreras (que se seleccionarán) en cuatro categorías: A, B, C, y D, siendo esta última la de peor desempeño.
Los planteles A serán certificados por ocho años, uno más que hoy, mientras los D recibirán ayuda del Estado para mejorar. Mientras esto ocurre, no podrán, sin embargo, impartir nuevos programas, y en caso
de que una casa de estudios no logre acreditarse, entrará un administrador provisional.
